En México, hasta caminar por la calle es una actividad de alto riesgo. El asesinato de Ricardo Mizael López Cebreros, un joven de 15 años, es la prueba de que el espacio público ya no nos pertenece. El pasado 12 de febrero, en Culiacán, Ricardo salió de su casa para comprar leche para unos gatitos que había rescatado. No regresó. Un grupo armado lo acribilló a plena luz del día en lo que las autoridades ‘competentes’ califican como una “confusión”.
El uso de este término es, en sí mismo, una claudicación del Estado. Llamar “confusión” al acribillamiento de un menor parece un intento por normalizar la barbarie. Bajo esa lógica, el ciudadano queda a merced del error de un sicario; si no eres el objetivo, tu muerte es un daño colateral de un sistema que permitió a los delincuentes adueñarse de la banqueta. El reclamo de su familia es el de todo un país: Ricardo no hacía nada más que vivir su cotidianidad.
A casi una semana del crimen, el saldo es la inacción. Pese a la presión mediática y el eco en el Senado, el mayor logro de la Fiscalía de Sinaloa es la identificación de un posible responsable, sin que exista un solo detenido. Esta atención especial es, en realidad, una bofetada para las miles de familias cuyos casos no alcanzan la viralidad. Resulta desolador admitir que, de no ser por la indignación en redes sociales y el luto de la comunidad, el nombre de Ricardo Mizael sería hoy una cifra más en la estadística de impunidad. Si el Estado solo simula justicia cuando la opinión pública observa, entonces la seguridad en México es una excepción mediática y no un derecho ciudadano. Y eso, cuando funciona.
La barbarie del control
No está de más apuntar que esta normalización de la ultraviolencia no es privativa de nuestro país. Otra muestra de la crueldad humana más abyecta enfocada en menores es el asesinato de Miguel y Benício, de 12 y 8 años, a manos de su padre, Thales Naves Alves Machado. El secretario de Gobierno de Itumbiara, Brasil, ejecutó a sus hijos como castigo para su esposa y después se suicidó. Antes del crimen, dejó un texto en redes sociales donde responsabilizó a su esposa por una supuesta infidelidad. Esto va más allá de un arrebato. Se trata de un acto de violencia vicaria diseñado para destruir la vida de la madre a través del asesinato de lo que ella más amaba.
Hay tanto que decir del caso. La tragedia expone la incapacidad de un hombre con poder para gestionar el rechazo sin recurrir al exterminio. Sin embargo, el horror no terminó con los disparos. La reacción de un sector de la sociedad, que acosó y expulsó a la madre del velorio de sus propios hijos, bajo el argumento de que ella fue la responsable de lo que sucedió, revela un machismo sistémico que valida la narrativa del agresor. Culpar a la víctima por las decisiones de un filicida es una aberración ética. En este escenario, la supuesta deshonra del padre no justifica la sangre, sino que desenmascara una cultura que otorga al hombre el derecho de propiedad sobre la vida de su familia. Si permitimos que el juicio social recaiga sobre la mujer mientras el verdugo, quien gozaba de un gran poder en la región derivado de su cargo y sus nexos familiares, es visto como víctima, la justicia habrá muerto junto con esos niños.
Dos casos en geografía, modo y esencia, distintos, pero en grado de violencia, tan cercanos, tan normalizados, que ya no podemos seguir ajenos a ello. Algo pasa en todo el mundo que cada vida perdida se ha vuelto una cifra y en cada acto de injusticia podemos encontrarnos con justificaciones aberrantes. Si realmente nos preocupa la humanidad, no podemos seguir como si nada sin antes preguntarnos ¿qué pasa con el mundo?
