La ciencia neoliberal no es un fantasma del pasado, sino una amenaza latente que espera el momento oportuno para reaparecer con fuerza. Aunque se dieron pasos importantes hacia la construcción de un marco normativo que reconoce el derecho humano a la ciencia, los promotores de la vieja cultura científica neoliberal siguen presentes y buscan restaurar sus privilegios. La ciencia neoliberal se caracteriza por la privatización del conocimiento, la subordinación del quehacer científico a la acumulación de capital y la consolidación de redes de poder que convierten la investigación en un negocio. No se trata sólo de un modelo económico efectivo, sino de una ideología y una cultura que impregna prácticas, actitudes y formas de organización en el campo científico. Su retorno supondría un retroceso histórico para México, porque cancelaría la posibilidad de que la ciencia funcione como motor de soberanía nacional, desarrollo económico y bienestar social.
La crítica a la ciencia neoliberal ha sido constante en la literatura reciente. En 2023 apareció el libro La política pública en ciencia. Reflexiones desde el pensamiento público, coordinado por Cecilia Elizondo y publicado por el CONAHCYT y el Fondo de Cultura Económica, con la participación de 32 autores de diversas disciplinas. En 2025 se publicó La primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, comentada por la comunidad para el pueblo de México, coordinado por Isaac de Paz González y también editado por el Fondo de Cultura Económica en colaboración con el CONAHCYT, con más de 100 autores. Ambos trabajos comparten un carácter crítico que confronta los sofismas de la ciencia neoliberal y muestran cómo esta cultura científica ha subordinado el conocimiento a los intereses privados. La ciencia neoliberal no busca el bienestar colectivo, sino la reproducción de un sistema de dependencia y subdesarrollo.
La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), promulgada en 2023, representa una conquista normativa de gran alcance. Por primera vez se reconoce de manera explícita el derecho humano a la ciencia, un derecho de naturaleza colectiva que habilita otros derechos fundamentales. Este derecho cobra plena vigencia en sociedades multiculturales sometidas a riesgos permanentes, donde el conocimiento científico y la innovación tecnológica son indispensables para garantizar la salud, la soberanía alimentaria, la protección del ambiente y la defensa de los derechos de trabajadores y consumidores. La ley vincula la ciencia con los saberes tradicionales de pueblos indígenas y campesinos, con la riqueza biocultural y con la necesidad de construir un modelo de desarrollo que priorice el interés público. En este sentido, el derecho humano a la ciencia no sólo fortalece la soberanía nacional, sino que también se convierte en un pilar para el desarrollo económico y el bienestar social, porque permite orientar la investigación hacia las necesidades colectivas y no hacia la rentabilidad privada.
Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley General en Materia de HCTI ha enfrentado resistencias. Sólo algunas entidades federativas, como Quintana Roo e Hidalgo, han actualizado su legislación para garantizar el derecho humano a la ciencia. En muchos casos, la ley ha sido inaplicada o incluso derogada de facto, en favor del restablecimiento de la vieja oligarquía que controló por décadas la distribución de recursos y posiciones de poder en el sector. Los discursos a favor de la continuidad, como la retórica del segundo piso, se contradicen con prácticas institucionales que alteran el sentido de la legislación o lo ignoran para restaurar la primacía del interés privado. Por ello, el eventual anuncio de una reforma regresiva no sorprendería a nadie. En la comunidad ya todos conocen los planes de la alta burocracia al sur de la CDMX.
A la ciencia neoliberal le estorban los principios de rigor epistemológico, igualdad, libertad académica, inclusión, pluralidad, equidad epistémica, interculturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad y beneficio social. Le incomodan los PRONACES y sus agendas temáticas en salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos, procesos contaminantes, seguridad humana, sistemas socio-ecológicos, energía y cambio climático. Desprecia la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos y los grupos de trabajo del Órgano Interno Consultivo que abordan temas de género, conocimientos tradicionales, bienes comunes, principio precautorio y filosofía. En cambio, busca restablecer las redes de poder detrás del PNPC, el SNII y las instancias corporativas tradicionales (los foros, las redes, las academias y otros), a la vez que añora los fideicomisos que durante años sirvieron para concentrar recursos públicos en manos de unos cuantos agentes del sector privado.
Los ataques contra la última administración del CONAHCYT, las concesiones a la derecha en el CIDE o la reconciliación con las viejas camarillas del Foro Consultivo A.C. y la búsqueda de apoyo político en la anacrónica Rednacecyt, forman parte de una estrategia de revanchismo y recuperación de posiciones. Se trata de revertir la democratización del sector y el desmantelamiento de los grupos de poder que solían controlar los recursos y las decisiones. En el fondo, la intención es echar atrás una ley construida mediante procesos participativos inéditos, con un ideario claro a favor del bienestar social y la soberanía nacional. Se busca legitimar lo que de facto ya se hace: revestir de legalidad lo que en la legislación vigente es ilegal. La ciencia neoliberal pretende regresar con un rostro renovado, pero su esencia es la misma: privatizar el conocimiento, subordinarlo al capital y debilitar la rectoría del Estado.
La defensa del derecho humano a la ciencia es inseparable de la defensa de la soberanía nacional, pero también del desarrollo económico y del bienestar social. Una ciencia libre y socialmente comprometida puede convertirse en motor de crecimiento económico, porque orienta la investigación hacia la solución de problemas colectivos y genera innovación con impacto social. Puede fortalecer el bienestar social, porque contribuye a garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, la alimentación y el ambiente sano. Puede consolidar la soberanía nacional, porque reduce la dependencia tecnológica y permite que el país trace su propio rumbo en un mundo globalizado. En cambio, la ciencia neoliberal anula estas posibilidades, porque convierte el conocimiento en mercancía y lo somete a la lógica de la rentabilidad privada.
La amenaza del retorno de la ciencia neoliberal exige una respuesta firme, como la que hace unos días dio la titular del Ejecutivo Federal a favor del interés público. No basta con tener una ley avanzada si en la práctica se permite su inaplicación o derogación. La defensa del derecho humano a la ciencia requiere vigilancia social, compromiso político y resistencia cultural. La ciencia neoliberal no puede tener cabida en una sociedad que busca construir un modelo postneoliberal, porque confunde el individualismo y los negocios privados con los principios de la ciencia libre. La tarea es clara: consolidar una ciencia al servicio del pueblo, capaz de fortalecer la soberanía nacional, impulsar el desarrollo económico y garantizar el bienestar social. Sólo así se podrá evitar que la ciencia neoliberal regrese triunfante y se perpetúe como un obstáculo para la transformación de México.
