El rescate histórico de perros del predio ubicado en Cuajimalpa ejecutado el miércoles 7 de enero por el Gobierno de la Ciudad de México, justificado con denuncias de maltrato animal obliga, de acuerdo a las palabras de la propia Clara Brugada, a clarificar dónde estuvo ese maltrato, a quién debe responsabilizarse por él, y qué clase de cultura de protección de los animales se busca construir en la Ciudad de México cuando se amenaza con la cárcel a quienes han dedicado, pro bono, años enteros de su vida a recoger, albergar, alimentar y sanar a perros de la calle, animales sin hogar, unos abandonados por dueños irresponsables y muchos otros nacidos en la intemperie, que vivían sin casa, sin alimento seguro y sin nadie que se ocupara de ellos.
Las autoridades hablaron durante todo el miércoles de acusaciones por maltrato iniciadas en diciembre pasado. Con seguridad esas acusaciones son ciertas y eso justifica de forma plena la intervención gubernamental, aunque la sola acusación no prueba de maltrato. Ahora, si se revisa la cronología del conflicto, cosa que muy pocos han hecho, se descubrirá que el 10 de diciembre pasado la Fundación Haghenbeck se apoderó ilegalmente del predio donde operaba el Refugio Franciscano, y se quedó con el resguardo de 1,300 animales que ahí vivían. Con esa acción, la Fundación que actuaba como propietaria del predio cuando en realidad ya no lo es, se convirtió también en la custodia y cuidadora responsable de todos los perros y gatos ahí albergados.
Si en diciembre hubo denuncias de maltrato, descuido y comida inadecuada para los animales, la responsable de todo eso es la Fundación Haghenbeck porque los perros y gatos estaban bajo su resguardo. Así que la procuradora Bertha Alcalde tendrá que dirigir sus investigaciones a la Fundación Antonio Haghenbeck porque desde el 10 de diciembre fueron ellos quieres ocupaban el predio, por la fuerza y sin derecho, y sin permitier, también por la fuerza, que la Asociación Refugio Franciscano sacara a los animales para llevarlos a otro predio.
Durante todo el miércoles y ayer jueves, una intensa, y seguramente costosa operación en medios de comunicación y redes sociales, se ha dedicado a señalar que la intervención gubernamental derivó del maltrato a que estaban sujetos los perros en el Refugio Franciscano, y a exigir que todo el peso de la ley de la ciudad animalista, caiga sobre los responsables del Refugio. La afirmación y la exigencia tienen sentido, pero les falta precisión, pues intencionalmente confunde el Refugio Franciscano con el predio que lo albergaba, para culpar a quienes lo manejaban.
Lo cierto es que el Refugio Franciscano no es el predio de Cuajimalpa como han querido hacer creer los influencers disfrazados de sociedad civil que se han involucrado en el asunto. El Refugio Franciscano es una Asociación que dejó de ser responsable del estado y cuidado de los animales a partir de que la Fundación Haghenbeck, dirigida por Carmela Rivero, los desalojó ilegalmente del terreno y se quedó con animales a los que ni sabía y tampoco quería cuidar, pues a la directora de la fundación lo que le importa es el terreno por su valor comercial y porque ya lo vendió, aunque eso violó el testamento de su fundador, el filántropo Antonio Haghenbeck, quien expresamente estableció que el destino del terreno sería albergar animales abandonados, y que no se podía ni revocar el comodato ni mucho menos vender, mientras ahí operara un albergue para perros y gatos.
La jefa de Gobierno hizo muy bien en puntualizar que su administración no intervendría en el litigio civil por el predio, pues ahí existe un cochinero impresionante y muchos actos de corrupción que involucran a más de un servidor público, al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, a la Junta de Asistencia Privada y por lo menos a un notario. Esos actos de corrupción ya le costaron a la ciudad un albergue para perros de la calle que operó durante 47 años, una enorme cantidad de impuestos no cobrados por una compraventa a precio simulado, y en breve le costarán un pulmón de 16 hectáreas de bosque, pues en el trasfondo de la disputa hay un gigantesco negocio inmobiliario al que los perros albergados estorbaban.
Cuidado, no vaya a ser que algunos vivales en Morena, que tanto ha combatido el Cártel Inmobiliario vinculado al panismo, utilicen las instituciones de la ciudad para incubar ahora al Cartel Inmobiliario Nueva Generación.
