1ER. TIEMPO:
Institucionalizar el caos. Les abrieron el Centro Histórico. Les regalaron dinero a través del ISSSTE mediante la regularización de ocho mil plazas. Les ofrecieron que no habría sanciones por incumplimiento de trabajo o daños a propiedad privada. Les garantizaron revisar el caso de sus compañeros en la cárcel acusados por secuestro. Les volvieron a dar dinero a través de programas especiales y, tres semanas después, les abrieron otra vez la chequera federal para entregarles alrededor de dos mil créditos extraordinarios de vivienda. La Coordinadora de maestros, la CNTE, beneficiaria del arcón de recursos del erario y canonjías legales, dijo gracias, pero suspender el plantón y la movilización en la ciudad de México, ni hablar. Su objetivo en ese momento, noviembre de 2013, era la derogación de la Reforma Educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. La disidencia magisterial había estrangulado a la Ciudad de México, como ahora, pero el gobierno se mantuvo. Optó finalmente entre la ciudadanía y el desalojo, y optó por desalojarlos. Se la cobraron. Se aliaron con el entonces líder de la izquierda social, Andrés Manuel López Obrador, y se las cobraron en las elecciones federales de 2015: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, le dieron decenas de miles de votos a Morena, y tres años después ayudaron a llevarlo a Palacio Nacional. López Obrador tuvo seis años de sin que la CNTE ahorcara la Ciudad de México con sus movilizaciones. Hoy, con Claudia Sheinbaum, a quien López Obrador puso en la Presidencia, la historia se repite con la precisión de un libreto ya conocido. Sheinbaum está viviendo lo que vio y aplaudió desde un cubículo en Ciudad Universitaria en 2013. Ahora está aprendiendo que en la selva política mexicana, pocos grupos dominan el arte del chantaje como la CNTE. Lo suyo no es la negociación, ni la pedagogía, ni siquiera el interés por mejorar las condiciones de la educación pública. Lo suyo es la presión. La CNTE no discute: impone. No dialoga: bloquea. Tras 15 días de plantón en el Zócalo y movilizaciones en la capital federal, Sheinbaum respondió como lo han hecho todos los gobiernos, salvo el de López Obrador, ofreciendo mesas de diálogo y revisando “sus legítimas demandas”. Pero si algo ha demostrado la CNTE es que su legitimidad se acaba donde empieza la violencia. Detrás de la demanda por mejoras laborales se esconde una maquinaria que exige plazas automáticas, control de nóminas, manejo de recursos y, sobre todo, impunidad. El chantaje no es gratuito. La CNTE ha aprendido que el músculo se premia, y que quien más grita, más consigue. Cada vez que bloquean una vía del tren o toman el Zócalo, hay una factura que el gobierno está dispuesto a pagar. No por convicción, sino por temor a la disrupción. Así se institucionaliza el caos como herramienta de presión. Los gobiernos han cedido siempre ante la presión y la movilización, creando el precedente peligroso que quienes violan la ley no son sancionados, sino premiados. El mensaje está claro: en México, el poder no se gana en las urnas, se gana en las calles, a fuerza de bloqueos y gritos.
2DO. TIEMPO:
El poder tras la protesta. La CNTE no es sólo un grupo magisterial. Es una maquinaria de poder con tentáculos políticos, clientelares y financieros que ha sobrevivido a presidentes, reformas y crisis. Desde los años ochenta, la Coordinadora entendió que su fuerza no radicaba en los libros ni en las aulas, sino en su capacidad de movilización, sabotaje y, sobre todo, negociación con el poder. Durante décadas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, del cual la CNTE es una facción rebelde, fue el instrumento institucional del control educativo. Con Elba Esther Gordillo, el magisterio servía como brazo electoral del PRI y del PAN. Pero la CNTE, desde su trinchera disidente en el sur, construyó una narrativa de resistencia que le dio legitimidad popular. Lo que pocos vieron —o quisieron ver— es que ese discurso encubría la formación de un grupo corporativo con prácticas más perniciosas y corruptas que las del sindicato oficial. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, la CNTE expandió su influencia. Fue un quid pro quo. López Obrador necesitaba respaldo en las calles y bases populares que lo defendieran de la élite, y la disidencia magisterial, con sus miles de agremiados y capacidad de presión en todo el sur y el centro del país, era el aliado perfecto. La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto fue cancelada como gesto de buena voluntad, y con ello, la CNTE recuperó lo que más le importa: plazas automáticas, control de ingresos, y opacidad total. No se trató de una concesión menor. Al derogar los mecanismos de evaluación y regresar el poder de asignación de plazas a las secciones locales, el gobierno federal restableció el clientelismo magisterial y le devolvió a la CNTE el derecho de cobrar por plazas, heredarlas y utilizarlas como moneda política. El sistema educativo en los estados donde mantiene influencia sobre ella, le fue entregado como botín, y sus dirigentes, cobijados por Morena, fueron nombrados en cargos públicos que pagaron en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, sus principales secciones sindicales con operadores electorales. La CNTE ya no necesita irrumpir con violencia todos los días, porque han institucionalizado su poder. Opera dentro del sistema, al tiempo que conserva su capacidad de bloqueo para cuando las cosas no salen a su favor. Es lo que sucedió con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien apoyaron en la campaña presidencial, cuando les prometió que derogaría la ley de pensiones del ISSSTE de 2007. No sabía Sheinbaum la ruina financiera que le iba a dejar López Obrador. No pudo cumplir por falta de dinero, pero los maestros rebeldes aprovecharon su contradicción entre el discurso y la realidad, algo que no entendió la presidenta. La lucha de la CNTE no es ideológica, sino corporativa. Su objetivo es conservar privilegios, recursos y autonomía total. Así lo han hecho por lustros, doblegando al gobierno. Con López Obrador no necesitaron luchar, porque respiraban con el mismo pulmón. A Sheinbaum la están probando, viendo hasta dónde llegará. Y por lo pronto, van ganando.
3ER. TIEMPO:
El dinero detrás del megáfono. La disidencia magisterial de la CNTE es una profesional de la protesta. Pocas organizaciones en México tienen la capacidad de movilizar a miles de personas, paralizar estados enteros y sostener paros indefinidos como ella. No es el convencimiento en la mayoría de los casos, sino el chantaje a los suyos. Las promociones de sus maestros afiliados no se dan por los puntos ganados en las aulas, sino por el número de veces que se movilizan a plantones y bloqueos. Pero detrás de todo esto, siempre surge la pregunta: ¿de dónde sale el dinero para sus prolongadas movilizaciones? No son espontáneas ni baratas. Requieren logística, transporte, alimentos, hospedaje y, en muchos casos, compensaciones económicas para quienes participan. Las marchas en la Ciudad de México implican traslados desde Oaxaca, Chiapas, Michoacán o Guerrero. Un contingente de mil personas movilizado por una semana puede costar millones de pesos. Solo como referencia, las casas de campaña del plantón en el Zócalo costaron tres mil pesos y son 10 mil; es decir, 30 millones de pesos fue la factura. ¿Quién compró? Oficialmente, la CNTE no recibe recursos del gobierno. Pero la realidad es otra. Su red de financiamiento es opaca, fragmentada y, en muchos casos, ilegal. Uno de los principales mecanismos es el control de plazas y la venta de estas. En las secciones más poderosas -como la 22 de Oaxaca, la más grande, o la 18 de Michoacán, la más ideológica-, los líderes sindicales cobran cuotas no oficiales por otorgar plazas o permitir herencias. Un maestro recién ingresado puede pagar entre 100 mil y 200 mil pesos por asegurar su posición. Pero por lo general, eso termina en sus bolsillos. El principal financiamiento de la protesta proviene de los estados donde tienen fuerte presencia, donde los gobernadores, sin importar partido, han dispuesto de presupuesto para las movilizaciones de la CNTE como una forma de apaciguamiento. Michoacán es un ejemplo paradigmático. Durante años, los gobernadores negociaron directamente con los líderes de la sección 18, permitiendo que operaran con una autonomía presupuestaria de facto. Los recursos federales llegaban a las arcas estatales y de ahí a las redes clientelares de la Coordinadora magisterial. En Oaxaca pasa algo similar, y por eso una buena parte de la actual movilización se realizó en autobuses del Instituto de Educación estatal, que es el equivalente a la Secretaría de Educación local. A esto se suma el financiamiento político indirecto. Existe un sistema de financiamiento paralelo, donde recursos públicos, cuotas ilegales, favores políticos y corrupción abierta sostienen a una organización que actúa al margen del Estado, pero lo parasita. La CNTE es una mafia sindical con discurso revolucionario, pero prácticas de cártel corporativo, que sucesivos gobiernos han normalizado. Ningún gobierno del PRI, PAN o incluso Morena, de Andrés Manuel López Obrador, fue capaz de desmontarlo, pero no por falta de capacidad, sino de voluntad, porque enfrentar a la CNTE no sólo implicaba un costo político alto, sino exponer la complicidad de gobiernos locales, diputados aliados y funcionarios federales que han sostenido este sistema por décadas. Es la contradicción de un sistema político que permitió que el Frankenstein que construyeron, los haya convertido en rehenes.
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