El feminicidio no es en México un crimen aislado: es el retrato de un Estado que abdicó de proteger a sus mujeres. La noche del 12 de septiembre, una estudiante española de 21 años, de intercambio en la UAEM, fue asesinada con arma blanca en la Casa de la Cultura de Cuautla, a donde —según testigos citados por la prensa— entró huyendo de su agresor. La Fiscalía de Morelos investiga el caso como feminicidio y, al cierre de esta columna estaba detenido un presunto responsable identificado como Francisco Javir “N”, alias El Trompas, aunque el fiscal Fernando Blumenkron ha asegurado que se agotarán todas las líneas de investigación.
Las cifras oficiales impiden hablar de un hecho aislado. El SESNSP registró 21 feminicidios en Morelos entre enero y julio de 2026: la segunda tasa más alta del país, con 1.97 por cada 100 mil mujeres. Cuatro de las víctimas eran alumnas de la UAEM. Conteos periodísticos suman ya más de 420 feminicidios en el país este año, por encima del corte oficial de 382 a julio.
Todo ocurrió, además, en el municipio más vigilado de Morelos. La gobernadora Margarita González Saravia ha presumido el Plan Cuautla —ordenado desde Palacio Nacional—, el Operativo Enjambre, 394 elementos desplegados en 14 colonias, 119 detenidos en una semana y 240 millones de pesos en obras. Nada impidió que una joven fuera perseguida y asesinada dentro de un edificio público, en un municipio con Alerta de Violencia de Género vigente, como otros siete del estado. Su gobierno celebra que el homicidio doloso cayó 51 por ciento; el feminicidio, en cambio, sumó cinco casos tan solo en julio. Los operativos persiguen extorsionadores; a las mujeres las siguen matando.
Y después del Mundial volvimos a la realidad
Durante junio y julio, México se miró en el espejo amable del Mundial. La fiesta mitigó, ante millones de visitantes y televidentes, la percepción de país inseguro. La derrama quedó corta: 2,543 millones de dólares, 0.12 por ciento del PIB según Deloitte, lejos de los 5.5 millones de turistas adicionales que soñó Sectur. Pero lo ganado era intangible y valioso: reputación. Bastó un feminicidio en Cuautla para dilapidarla. La Universidad de Granada ya suspendió sus intercambios con la UAEM: la primera desinversión.
España es el segundo inversionista en México, con un acumulado superior a 68,800 millones de euros y más de 20 mil millones de dólares comprometidos aún sin materializar. BBVA lo advirtió sin eufemismos: la inseguridad puede descarrilar al país. En Morelos, la huella española es casi testimonial —un intercambio comercial de apenas 34 millones de dólares— y así seguirá mientras el estado sea noticia por sus muertas.
A la gobernadora no le faltan soldados ni presupuesto: le falta entender que la coordinación con la Federación no es una fotografía en la mañanera, sino una convicción que se ejecuta. Cuautla no se aísla del contexto nacional; lo que ahí se decide —o se omite— se cobra en la reputación y en la cartera de todo el país. Que gobierne como si lo supiera.
En otras cosas de Política y negocios
Mientras tanto, el ecosistema financiero afina su brújula: Finnosummit celebra su décima edición este 23 y 24 de septiembre, en un momento clave para el sector en México. La agenda desborda a la banca y a las fintech, pues abordará el impacto de la inteligencia artificial, la identidad digital, la ciberseguridad, los pagos y las finanzas embebidas en sectores como retail, logística y salud, con la mira puesta en las tecnologías que marcarán la recta final del año y en las alianzas capaces de acelerar su adopción. Entre los participantes estará Iñigo Castillo, gerente general para Latinoamérica de Incode, quien conversará sobre el desafío de crecer el crédito digital sin sacrificar seguridad ni experiencia, echando mano de soluciones que mitiguen los deepfakes y los fraudes sintéticos, bajo una premisa que conecta con el hilo de esta columna: la inclusión financiera necesita infraestructura de confianza para escalar. Y la confianza, ya se vio en Cuautla, cuesta años construirla y una sola noche perderla.
