Una asíntota es una línea a la que una curva se acerca indefinidamente, pero que nunca alcanza. Hace algunos años utilicé esta metáfora en una columna para explicar cómo la legislación en materia de publicidad digital siempre parecía ir un paso detrás de la innovación tecnológica: cuando finalmente lograba regular una práctica, la tecnología ya había evolucionado y el marco jurídico volvía a quedar rezagado.
Hoy esa metáfora no solo sigue vigente; cobra una nueva dimensión. La curva ya no representa únicamente a las redes sociales o a la publicidad digital. Ahora avanza impulsada por la inteligencia artificial, una tecnología que evoluciona a un ritmo muy superior al de los procesos legislativos y regulatorios. Mientras la innovación se mide en meses, las reformas suelen tomar años. La distancia entre ambas no deja de crecer.
En ese contexto, el desafío para la democracia ya no consiste únicamente en combatir la desinformación. También debe enfrentar un entorno donde los algoritmos administran la atención, la inteligencia artificial transforma la comunicación política y las instituciones están llamadas a responder a problemas que, en muchos casos, aún no tienen una regulación específica.
Vivimos en un ecosistema donde los algoritmos deciden qué vemos, cuánto tiempo permanecemos frente a un contenido y, en buena medida, sobre qué conversamos. La conversación pública ya no está determinada exclusivamente por los medios de comunicación o por los actores políticos, sino por plataformas que privilegian aquello que genera mayor interacción. En ese escenario, una explicación institucional de varios minutos difícilmente competirá con un video de dieciséis segundos diseñado para despertar emociones.
La inteligencia artificial ha acelerado todavía más esa transformación. Hoy puede generar imágenes, voces, videos y textos prácticamente indistinguibles de los producidos por una persona; crear mensajes personalizados para distintos segmentos del electorado y multiplicar contenidos políticos en cuestión de segundos. Si hace algunos años la preocupación era cómo regular la publicidad en redes sociales, hoy la pregunta es mucho más compleja: ¿cómo garantizar procesos electorales auténticos cuando la propia realidad puede ser simulada con un nivel de sofisticación nunca antes visto?
Paradójicamente, el problema ya no es solo la desinformación. También enfrentamos una saturación de información que dificulta distinguir lo verdaderamente importante. La economía digital premia la atención inmediata, la polarización y la viralidad. Mientras tanto, las instituciones democráticas deben comunicar decisiones complejas en un entorno donde la profundidad suele perder frente a la velocidad.
Esto obliga a replantear otra pregunta que formulé hace años: ¿seguimos intentando regular un presente que ya dejó de existir?
La legislación continúa acercándose a la innovación tecnológica como una asíntota: reduce la distancia, pero nunca logra alcanzarla. La diferencia es que ahora esa distancia se amplía con mayor rapidez. La inteligencia artificial evoluciona en meses; los procesos legislativos, regulatorios e incluso jurisdiccionales suelen tomar años. El resultado es un vacío normativo permanente que exige abandonar la lógica reactiva y construir marcos jurídicos capaces de adaptarse a tecnologías que todavía ni siquiera conocemos.
En este contexto, tener la oportunidad de formar parte de la primera generación de la Especialidad en Ciberdemocracia y Justicia Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me ha hecho cuestionarme y aprender conceptos y teorías que tanto abogados, como quienes nos dedicamos a la comunicación política, podremos poner en práctica.
La creación de este espacio (que próximamente abrirá su convocatoria al público en general) confirma que la conversación sobre inteligencia artificial, democracia y justicia electoral ha dejado de ser un tema de futuro para convertirse en una prioridad del presente. Preparar a quienes estudian, organizan y resuelven elecciones será indispensable para enfrentar los desafíos que ya están aquí.
Esa preparación también será fundamental no solo para el TEPJF, sino para las distintas instituciones electorales que tendrán que resolver las impugnaciones que se presentarán rumbo al 2027. En los próximos años deberá resolver asuntos cada vez más complejos relacionados con contenido generado mediante inteligencia artificial, deepfakes, evidencia digital, uso de algoritmos, automatización de propaganda política y nuevas formas de manipulación de la conversación pública. El reto no consistirá únicamente en determinar qué ocurrió, sino en desarrollar criterios que permitan distinguir entre la creatividad tecnológica, la libertad de expresión y aquellas conductas que vulneren la equidad en la contienda o los derechos político-electorales.
La historia demuestra que la democracia siempre ha tenido que adaptarse a nuevas formas de comunicación: primero la radio, después la televisión, más tarde internet y las redes sociales. Hoy el desafío es la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si debemos regularla, sino cómo hacerlo sin frenar la innovación y sin permitir que la tecnología erosione la confianza en las instituciones democráticas.
Quizá la metáfora de la asíntota siga siendo la mejor manera de describir este momento. A diferencia de una utopía, la asíntota no implica que lo que se persigue sea ideal o perfecto, solo plantea una persecución permanente. La legislación probablemente nunca alcanzará por completo a la innovación, pero eso no significa renunciar al intento. Significa construir reglas suficientemente inteligentes para evolucionar al mismo ritmo que la tecnología y autoridades capaces de interpretar principios democráticos frente a herramientas que cambian todos los días.
Porque las elecciones seguirán ganándose con votos. Pero la calidad de nuestra democracia dependerá, cada vez más, de nuestra capacidad para comprender, regular y utilizar responsablemente la IA. Porque al final, la fortaleza de una democracia no se mide por la rapidez con la que cambia la tecnología, sino por su capacidad para proteger los derechos de las personas, en medio de esa transformación.
Salud mental pendiente
La salud mental permanece como uno de los grandes pendientes del sistema sanitario mexicano, pese a que su impacto alcanza cada vez a más familias. Mientras la discusión pública privilegia hospitales, medicamentos e infraestructura, el acceso a servicios psicológicos, psiquiátricos y neurológicos continúa limitado. En ese vacío, la Fundación Manuel Muñoz Cano (MMC), de Indi, cumplió cinco años con una evolución que revela la magnitud de la demanda: entre 2021 y 2025 atendió a 178 pacientes y otorgó 8 mil 544 consultas. La organización pasó de apoyar a tres personas en su primer año a 105 durante 2025, además de cubrir tratamientos, medicamentos, estudios especializados e internamientos para quienes enfrentan obstáculos económicos. El problema rebasa la capacidad de cualquier iniciativa privada. México dispone de apenas 12 psicólogos por cada 100 mil habitantes y destina alrededor de 2% del presupuesto nacional de salud a este rubro.
