Toda decisión política tiene consecuencias. Algunas duran un sexenio. Otras sobreviven a quien las tomó y terminan convirtiéndose en problemas para quienes llegan después. La crisis que hoy enfrenta Claudia Sheinbaum con la CNTE pertenece a esta última categoría.
Durante años, Andrés Manuel López Obrador convirtió a la Coordinadora en uno de los interlocutores privilegiados de su proyecto político. La respaldó en su lucha contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, prometió cancelar las medidas que rechazaba el magisterio disidente y construyó una narrativa según la cual los agravios históricos contra los maestros serían corregidos por la Cuarta Transformación.
Políticamente fue una apuesta exitosa.
Financieramente, el tiempo está demostrando que era mucho más complicado.
La CNTE no nació con López Obrador. Existe desde 1979 y ha sido un actor de enorme capacidad de movilización durante décadas. Pero también es cierto que ningún presidente reciente le otorgó el nivel de interlocución, reconocimiento y expectativa política que recibió durante el sexenio pasado.
Hoy esa expectativa se transformó en exigencia.
La principal demanda de la Coordinadora es la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al antiguo sistema de pensiones. No se trata de un ajuste menor ni de una modificación administrativa. Se trata de volver a un modelo en el que el Estado asumía una responsabilidad mucho más amplia para garantizar jubilaciones financiadas con recursos públicos.
Desde la perspectiva de miles de maestros, la exigencia tiene lógica. Muchos consideran que el sistema actual no les permitirá retirarse con condiciones dignas después de décadas de servicio.
Pero gobernar obliga a observar también el otro lado de la ecuación.
México destina ya cantidades gigantescas al pago de pensiones. Tan sólo en los primeros meses de 2026, el gasto pensionario superó los 559 mil millones de pesos. Es una cifra que supera el presupuesto anual completo de varias secretarías federales juntas.
Por eso el gobierno de Sheinbaum sostiene que regresar por completo al modelo previo a 2007 es financieramente inviable. No porque los maestros carezcan de razones para inconformarse, sino porque las finanzas públicas tienen límites que ningún discurso puede eliminar.
Ahí aparece la contradicción central.
Durante años fue políticamente rentable decirle a la CNTE que tenía razón. Fue rentable acompañar sus causas, denunciar las reformas anteriores y prometer cambios profundos. Lo difícil llega cuando esas promesas deben traducirse en números, presupuestos y decisiones de gobierno.
La CNTE ha respondido como históricamente sabe hacerlo: con presión. Paros, bloqueos, plantones y movilizaciones que ya alcanzan a por lo menos quince estados del país. La organización actúa convencida de que existe una deuda pendiente con ella y de que el gobierno actual debe saldar compromisos adquiridos durante años.
Y quizás ahí radica el verdadero problema.
La Coordinadora no se comporta como un grupo que está negociando nuevas conquistas. Se comporta como un movimiento que está cobrando promesas.
La ironía política es evidente. El movimiento que durante años fue presentado como víctima de gobiernos insensibles hoy se ha convertido en uno de los principales desafíos para un gobierno emanado exactamente del mismo proyecto político que prometió reivindicarlo.
La CNTE no es una herencia del obradorismo porque haya nacido con López Obrador. Es una herencia porque durante años se alimentó la expectativa de que prácticamente todas sus demandas podían resolverse desde el poder.
La política permitió construir esa expectativa.
Ahora las matemáticas le están pasando la factura.
