En política, el tamaño de la reacción suele delatar el tamaño del miedo. Lo ocurrido el pasado domingo en Ciudad Juárez es un ejemplo de manual sobre cómo el frágil ego de un gobernante puede trascender todo límite ético si este no cuenta con la más mínima capacidad para tolerar la crítica. Con miedo a ser detenido o reprimido también, me es imprescindible hablar del mural que representaba al alcalde Cruz Pérez Cuéllar con rasgos de roedor y que dejó al descubierto la piel delgada de una administración que confunde el ejercicio del poder con el derecho a la censura.
La detención de los artistas Miguel Martínez y “Chuchito Psy” por parte de la Policía Municipal es un atropello que va más allá de toda carencia de sutileza. Intentar justificar el arresto bajo el argumento de que los jóvenes ingerían alcohol en la vía pública resulta, por decir lo menos, un insulto a la inteligencia de una ciudadanía plenamente consciente de que el verdadero móvil de dicha acción judicial tenía que ver con todo, menos con la justicia. Es claro que la movilización policiaca no respondió a la falta administrativa, sino al contenido de una obra que tocaba las fibras más sensibles de un gobierno marcado por cuestionamientos sobre el manejo de sus recursos. Y es que no hay peor traición al voto popular que ver a un alcalde que utiliza a los elementos de seguridad como una “guardia pretoriana” para proteger su imagen personal.
Este episodio ha provocado lo que en comunicación se conoce como el “Efecto Streisand": en su afán por borrar la imagen y castigar a los autores, Pérez Cuéllar logró que la sátira se volviera nacional. Al intentar silenciar una barda, el alcalde convirtió el mural en un símbolo de resistencia que ahora vive de forma permanente en la memoria digital. Bajo la etiqueta #JuárezNoSeCalla, la ciudadanía respondió con la única herramienta que el autoritarismo no podrá decomisar tan fácilmente: la de la viralidad.
Sin embargo, el fondo del asunto es mucho más grave que una anécdota de redes sociales. El argumento del alcalde sobre que “la libertad de expresión tiene límites” cuando afecta la dignidad de las personas, es una interpretación errónea y peligrosa de la ley. Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que los funcionarios públicos tienen un umbral de protección menor ante la crítica y la sátira.
Quien decide ocupar una silla de mando debe entender que el escrutinio ciudadano —incluso el más mordaz e incómodo—, es parte del cargo. Criminalizar el arte urbano bajo el pretexto de salvaguardar la “dignidad” del gobernante es un retroceso civilizatorio que busca normalizar el pensamiento único.
Lamentablemente, esta tendencia represiva no es nueva en la actual administración municipal. El historial de Pérez Cuéllar incluye episodios de amedrentamiento contra activistas y figuras de la cultura que se han atrevido a protestar frente a su domicilio. La repetición de estos actos sugiere un patrón de conducta donde cualquier disidencia es catalogada como “chantaje” o “ataque político”. Es la visión de un poder municipal que intenta gestionar el espacio público como si fuera propiedad privada y las instituciones como si fueran extensiones de su oficina de comunicación social.
El mural de la “rata” ya no es solo pintura sobre cemento; muy a pesar del alcalde de piel delgada, esta obra se convirtió en un termómetro que mide la temperatura de una sociedad harta de la opacidad y la soberbia. La liberación de los artistas tras la presión mediática no borra el amago ni repara la violación a sus derechos civiles.
Juárez ha demostrado, una vez más, que la pintura es imborrable cuando la causa es justa. El alcalde Pérez Cuéllar debería preocuparse menos por las caricaturas en las paredes y más por la imagen que proyecta su propio actuar, el de un líder que, ante la incapacidad de tolerar la crítica, elige el garrote sobre el diálogo. ¿Por qué parece que para el edil es más sencillo callar las voces que lo señalan que aclarar dichos señalamientos? Bien dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras lleva.
