El pasado 10 de septiembre acudí a la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la que se dio inicio formal al Proceso Electoral Federal 2026-2027. Durante mi intervención a nombre del Partido Revolucionario Institucional, fui enfático al señalar que atravesamos por un momento crítico y de profunda exigencia democrática: estamos convencidos de que no existe democracia posible sin un árbitro electoral verdaderamente autónomo, independiente y resuelto a garantizar la equidad en la contienda.
Para aquilatar en su justa dimensión el valor de la certeza electoral, resulta indispensable volver la mirada al origen y al espíritu con el que fue concebida nuestra autoridad electoral. La transición desde el antiguo control gubernamental de los comicios hacia la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) —hoy INE— no fue fruto del azar ni de la concesión de un grupo en el poder. Fue el resultado de décadas de firme exigencia ciudadana, debate plural y repsonsabilidad política en la construcción de reformas constitucionales adecuadas para asegurar que las urnas constituyeran el reflejo fiel de la voluntad popular.
En su etapa como gobierno, el PRI supo conducir y acompañar el proceso de apertura de nuestro sistema político, el cual alcanzó un punto de inflexión en el año 2000 con la alternancia en la Presidencia de la República. Es fundamental destacar que, a partir de ese momento, tres partidos políticos distintos han gobernado el país y se han registrado dos alternancias más; procesos desarrollados, en términos generales, bajo un marco de gobernabilidad, de certeza propiciada por la propia autoridad electoral y respaldados por el reconocimiento de los actores políticos involucrados.
La esencia viva del Instituto Nacional Electoral descansa sobre un principio innegociable: la organización de los procesos electorales pertenece de origen a la ciudadanía, y la imparcialidad del árbitro constituye la única garantía real de paz social.
En los tiempos actuales, en los que el partido en el poder ha quebrado la normalidad democrática, la misión de recuperar los principios sobre los que se erigió el árbitro electoral se convierte en una urgencia impostergable.
Un árbitro que tolera los abusos o que normaliza ventajas indebidas vulnera de forma directa la confianza pública. Como argumentó con impecable claridad el politólogo Norberto Bobbio en El futuro de la democracia: «Las reglas del juego no son un detalle accesorio, sino la esencia misma del sistema; solo la certeza en el procedimiento garantiza la legitimidad del resultado y la convivencia pacífica entre las fuerzas políticas». En ausencia de un árbitro firme, neutral y técnicamente sólido, el procedimiento electoral pierde por completo su valor legitimador.
Frente a este enorme desafío, el Partido Revolucionario Institucional habla amparado en la solidez de su trayectoria histórica. Durante nuestras etapas al frente del Ejecutivo, el PRI comprendió la imperiosa necesidad de abrir el sistema político, incentivar la pluralidad y edificar las instituciones autónomas que hicieron posible la alternancia y la consolidación democrática en México. Fuimos, en los hechos, los arquitectos del andamiaje que garantizó elecciones libres, plurales y competitivas.
Hoy, desde la oposición, asumimos con absoluta convicción la defensa de las instituciones democráticas, el equilibrio entre los poderes de la Unión y la vigencia plena del Estado de derecho. Exigir un árbitro neutral no representa una postura partidista, sino el establecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para la vida democrática. Contar con una autoridad imparcial significa asegurar que el único soberano en las urnas sea el pueblo de México y que el resultado electoral sea indiscutible, respetado e inatacable.
