“La gentrificación no es progreso, es despojo”, se leía en uno de los carteles de la marcha que se realizó el pasado 4 de julio en la Ciudad de México contra la gentrificación.
La gentrificación es el desplazamiento de una población de escasos recursos o de clase media por una población con capacidad económica mayor, que llega a instalarse a barrios que comúnmente son considerados de ‘mala fama’, ‘abandonados’ o ‘problemáticos’. Llegan a lugares y empiezan a impactar las dinámicas de consumo, los precios de la renta, el costo de vida y diferentes factores. Generan una revalorización, entonces se empiezan a elevar los precios hasta que la población original empieza a ser desplazada simbólica y económicamente.
La marcha fue organizada por colectivos urbanos y personas que denuncian cómo el auge de plataformas como Airbnb, junto con la llegada de las y los llamados nómadas digitales ha disparado los precios del arriendo, transformado comercios locales en cafeterías hipster y empujado a habitantes locales fuera de sus propios hogares porque ya no los pueden pagar o porque algún extranjero puede pagar por ellos mucho más. Aunque esta situación no es nueva, después de la pandemia se agudizó y, a medida que crece la conversación pública sobre el tema, evidenciando la falta de leyes y políticas que protejan a la población local, crece la indignación entre quienes ven cómo sus espacios de vida son convertidos en vitrinas turísticas sin memoria ni pertenencia.
“No más gente sin casa ni casas sin gente” fue otra de las consignas en los carteles de la marcha. La exigencia es clara: regular el turismo, poner límites a la especulación, priorizar políticas de vivienda para las mayorías y repensar la ciudad desde la justicia social. Esta marcha fue un grito colectivo de defensa del territorio, una invitación a resistir la homogeneización neoliberal, y aunque se realizó en la CDMX, sabemos bien que esta historia no es solo de la Roma o la Condesa: es también la de muchos barrios gentrificados de América Latina.
Algunas medidas para combatir el problema pueden incluir leyes locales para regular Airbnb y el turismo corto, que prioricen el acceso a vivienda digna, cupo o límite de plataformas turísticas, para evitar el despojo de vecinas y vecinos, y transformar la ciudad sin borrar memoria, cultivando economías comunitarias mercados locales, ollas populares, cooperativas y redes de trueque, por ejemplo.
Las ciudades deben ser espacios vivos, que reflejen diversidad, memoria y justicia, no museos de consumo, y el territorio no es mercancía, es hogar, historia y afecto. Defender el barrio es defender la vida, la memoria y el derecho a vivir dignamente.
