La semana pasada se llevó a cabo la Ceremonia de Apertura del Año Legal en Hong Kong. En palabras de su Secretario de Justicia, Paul Lam, ésta no es una mera ceremonia: se trata de un evento confeccionado para que la judicatura se exprese sobre problemas que estima importantes y para que los representantes de la profesión legal, públicos o privados, muestren apoyo a la judicatura. Lo anterior, a su juicio, es particularmente relevante en una ciudad que considera que el Estado de Derecho basado en el common law es la más distintiva y crucial de sus ventajas; en una ciudad donde, si bien la judicatura, el gobierno y los abogados no siempre están de acuerdo, su solidaridad y determinación por mantener y potenciar el Estado de Derecho es incuestionable.
Este año, en la ceremonia, el presidente de la Corte de Apelación Final, Andrew Cheung, se ocupó de abordar un fenómeno que me parece de la mayor relevancia, ahí y en muchas partes del mundo: la manera en la que el público, incluyendo abogados y prensa, se pronuncian sobre un determinado caso y, en última instancia, sobre la integridad de los jueces. Lo hizo a propósito de un caso muy delicado que ha causado revuelo en el mundo: el de Jimmy Lai.
Jimmy Lai es el fundador de Apple Daily, un periódico que, según la información disponible, era conocido por su cobertura crítica del gobierno. En 2021, este periódico habría cerrado definitivamente tras la congelación de sus activos efectuada en el marco de una acusación por supuestas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. En diciembre de 2025, un tribunal lo declaró culpable de colusión con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso. Esto dio pie a que gobiernos extranjeros calificaran el proceso como políticamente motivado y a que organizaciones de defensa de derechos humanos declararan “la muerte” de la libertad de prensa en Hong Kong e, incluso, la muerte del Estado de Derecho.
Es a este último punto al que el Juez Cheung puso particular atención. En su mensaje sostuvo que, por obvias razones (no tan obvias en otras latitudes) no se pronunciaría sobre los méritos del caso, ni haría afirmaciones sobre el proceso (el lugar apropiado para resolver estas cuestiones es el proceso judicial). De lo que hablaría es sobre la forma en que se han formulado las críticas al caso. En otras palabras, no abordaría la discusión, sino la metadiscusión.
Partiendo de la premisa de que es crucial respetar el derecho de la gente a expresar sus puntos de vista, precisó que una crítica a la función jurisdiccional es únicamente significativa y digna de tomarse en serio, cuando es realmente informada. Cuando está basada en la lectura cuidadosa de la sentencia y en un esfuerzo sincero por entender sus razonamientos. Por tanto, a su juicio, alegaciones audaces y sin sustancia indican que son precisamente éstas las que están influenciadas por consideraciones políticas y ajenas al expediente.
En la ceremonia, el Secretario Lam complementó al juez Cheung sosteniendo que la crítica seria a la solución de casos controversiales (cosa distinta a la discusión sobre la acusación o persecución por parte del gobierno) pasa por observar qué es lo que realmente pasó en el proceso. Pasa por preguntar: ¿Hay fundamentos para sostener que, al resolver, se han incumplido los deberes que la ley impone en la impartición de justicia? ¿Los jueces negaron, sin razones apropiadas y suficientes, la posibilidad de presentar evidencia, de interrogar testigos o de presentar promociones? ¿Los jueces en algún momento hicieron expresiones inapropiadas que sugieran sesgo o prejuicio? ¿Hay algo en el proceso que sugiera que el imputado no ha sido tratado con justicia?
Con independencia de lo que se pueda opinar sobre la resolución del caso Jimmy Lai, los exhortos que ambos personajes hacen a su sociedad y a la comunidad internacional son dignas de debatirse. No se pide que no se critique, sino que se deje a un lado la sobresimplificación y se haga con la seriedad que amerita el compromiso genuino con el Estado de Derecho. Y que se observe que, así como sería indebido que las sentencias sean dictadas a partir de consideraciones políticas, lo sería también pretender que los casos sean anticipadamente resueltos por presión mediática. Por ello, el juez Cheung refiere que un genuino compromiso con el Estado de Derecho es un compromiso con que las cortes hagan su trabajo sin interferencias, a través de los procedimientos existentes.
La discusión que proponen estos personajes es metodológica, donde lo que se pretende es delimitar un mecanismo que eleve el nivel de la discusión pública que versa sobre sentencias judiciales. Una en la que se respeten las nociones mismas de independencia judicial y Estado de Derecho. ¿O acaso el respeto a estos conceptos solo aplica a la autoridad y no a la sociedad?
En definitiva, se esté o no de acuerdo con estas aproximaciones, apremia tener una discusión similar en México, donde la polarización política y la urgencia “por decir algo” que nos es impuesta por las redes sociales nos ha llevado, a mi juicio, a un grave fenómeno de sobresimplificación del debate público a propósito de la función jurisdiccional.
