El gobierno de Claudia Sheinbaum pretende engañar a las y los mexicanos con los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para los derechos de las audiencias, pero la realidad es muy distinta. La intención de Morena no es proteger a la gente, sino controlar lo que vemos, escuchamos y discutimos todos los días. Quieren vender la idea de que están defendiendo al ciudadano, cuando lo que buscan es adueñarse de la verdad y censurar cualquier voz que les critique, les cuestione o les incomode.
El truco de todo esto consiste en establecer reglas confusas y ambiguas para que el gobierno pueda actuar a discreción con base en su agenda e intereses. Al reservarse la facultad de decidir qué es información “verdadera”, qué está “descontextualizado” o qué opiniones son aceptables, están atentando directamente contra la libertad de expresión. Establecen la figura del defensor de las audiencias que, en la práctica, es un simple empleado del régimen, encargado de vigilar que nadie se salga del libreto oficial.
Por si fuera poco, le cuelgan una espada de Damocles a la economía de los medios con multas que pueden llegar hasta el 1% de sus ingresos. Aquí no se trata de poner orden o favorecer la verdad, sino de asfixiar y meter miedo a cualquier programa, periodista o medio de comunicación que se atreva a investigar, cuestionar o exponer las mentiras y corruptelas de quienes están en el poder. Como bien lo ha señalado la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), darle tanto poder y discrecionalidad a la autoridad viola la Constitución y pone contra la pared a la libertad de expresión.
Pretender que estas medidas nacen de la vocación democrática del gobierno es un insulto para las y los mexicanos. El camino que hoy quieren aplicar en México ya lo conocemos de memoria porque es el mismo que usaron las dictaduras y regímenes autoritarios en otras latitudes. En Venezuela, el control de los medios empezó con pretextos de “responsabilidad social” hasta que apagaron por completo a la prensa libre. En Nicaragua y Cuba hicieron exactamente lo mismo: controlaron los contenidos, castigaron la opinión y convirtieron el disentimiento en un delito contra el Estado. Asimismo, el caso de Hungría con Viktor Orbán nos muestra cómo usaron órganos de regulación para ahogar a la crítica y armar una democracia de fachada.
Esta obsesión por vigilar cada palabra y cada comentario nos recuerda los debates mundiales que se vivieron tras la tragedia de Charlie Hebdo en 2015. En esos momentos tan difíciles, el mundo libre defendió, como principio innegociable, la libertad de expresión total y, con ella, el derecho a incomodar, a cuestionar al poder y a satirizar dogmas religiosos o políticos. Querer controlar a los medios bajo el pretexto de cuidar sensibilidades o imponer una verdad única es abrirle la puerta de par en par a la censura.
Frente a esta intentona autoritaria por imponernos un pensamiento único y apagar la pluralidad, el PRI levanta la voz con toda firmeza. Ratificamos nuestro compromiso absoluto con la libertad de expresión y la libertad de prensa. No vamos a permitir que destruyan los cimientos de nuestra democracia ni que silencien a los medios y a los ciudadanos con base en chantajes, sanciones económicas y persecución política.
El gobierno de Morena le huye a la crítica porque es un gobierno débil, que sabe que su discurso y proyecto se caen a pedazos. Gracias a los gobiernos del PRI, México es un país de leyes, derechos y libertades y, le guste o no a este gobierno, jamás se va a doblegar ante la mordaza oficial.
