La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca dar más poder, sobre todo en materia de Inteligencia, al Ejército y así equilibrar su plan de seguridad. Las leyes que envió hace unos meses, la del Sistema de Seguridad Pública y la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia llevan meses atascadas por falta de consenso dentro de Morena.
Las propuestas presidenciales otorgan amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigar delitos y realizar labores de inteligencia. La Secretaría de la Defensa Nacional puso resistencia a la potestad concedida a la corporación policial.
Sheinbaum ha dado al Ejército lo que pide, al menos en el papel. La enmienda a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que entre las facultades de la Sedena están generar, operar, procesar y utilizar información sobre seguridad nacional y desarrollar productos y servicios de inteligencia. En todo caso, en los hechos, será el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana quien tenga la última palabra en materia de investigación e inteligencia.
La nueva propuesta reforma un conjunto de leyes y crea una nueva: la Ley de la Guardia Nacional. Con este ambicioso paquete legislativo, se busca equilibrar la balanza entre los mandos civil y militar, allanando el camino para que las propuestas iniciales logren ver la luz durante el periodo extraordinario de sesiones. Su objetivo: la construcción de la paz en todo el territorio nacional. En su iniciativa, la mandataria federal armoniza las facultades en materia de investigación e inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública.
A la Sedena le corresponde requerir e intercambiar información en materia de seguridad nacional, previa coordinación con las instancias del Consejo de Seguridad Nacional (presidido por el Secretario de Seguridad) para el cumplimiento de sus funciones, se lee en uno de los apartados que se propone reformar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uno de los siete ordenamientos que han sido modificados en la iniciativa presidencial enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El paquete presidencial consolida el control total de la Guardia Nacional bajo la Sedena, incluida la homologación de ordenamientos que delimitan la actuación de la corporación en tareas de seguridad pública, la salvaguarda de los derechos militares de sus elementos, la aplicación de sanciones bajo la justicia penal castrense y las facultades en investigación e inteligencia.
En la exposición de motivos del proyecto se establece que la Sedena supervisará las operaciones de seguridad pública que realice la Guardia Nacional, además de auxiliar a autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México que soliciten su apoyo.
También se indica que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial y personal civil de confianza.
Tendrá, además, la facultad de realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito, así como llevar a cabo, bajo la conducción del Ministerio Público, las investigaciones que deriven de dichas operaciones.
Esta nueva iniciativa se suma al paquete de 22 temas pendientes, que incluye un grupo de propuestas enviadas por Sheinbaum que han generado polémica y se encuentran detenidas. En el sexenio pasado, resultaba impensable que una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no fuera aprobada en fast track y sin modificaciones. Eso dice mucho sobre la evolución interna de Morena.