La discusión sobre los conflictos de interés en el servicio público no comienza cuando existe una sanción, sino cuando coinciden circunstancias que ameritan escrutinio. Eso ocurre con el Concurso Abierto Internacional CFE-0001-CASAT-0023-2026, mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) licita el arrendamiento de entre 12 mil 050 y 17 mil 890 vehículos, distribuidos en 60 partidas, para los ejercicios fiscales 2026 a 2030. La relevancia del procedimiento no sólo radica en su dimensión, sino en uno de los perfiles vinculados con una de las empresas participantes.
Francisco Antonio González Deveikis trabajó 16 años en la CFE y concluyó su encargo el 29 de noviembre de 2024 como subgerente de Control y Servicios de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. Menos de cuatro meses después, desde marzo de 2025, asumió la dirección general de Casanova Rent, empresa del Grupo Casanova, mientras Casanova Vallejo, filial del mismo corporativo, participa en la licitación con propuestas para 55 de las 60 partidas.
Los documentos mercantiles también muestran que la relación trasciende el ámbito laboral. En una asamblea celebrada el 15 de marzo de 2025, González Deveikis adquirió 285 de las 300 acciones de Kolben Bau, S.A. de C.V. Posteriormente, el 16 de octubre de 2025, Carlos Echenique Casanova, uno de los propietarios del Grupo Casanova, se incorporó como accionista de esa misma sociedad, configurando un vínculo corporativo adicional entre ambos.
El análisis, sin embargo, no debe centrarse únicamente en las relaciones empresariales, sino en el marco jurídico. El artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé restricciones para la contratación de exservidores públicos cuando la información obtenida durante su encargo pueda generar ventajas competitivas. En el mismo sentido, el artículo 100 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad establece un periodo de dos años durante el cual el personal deberá abstenerse de aprovechar la influencia o información derivada de las funciones que desempeñó.
La existencia de esas disposiciones no implica, por sí misma, que exista una infracción. Su propósito es preservar la confianza en las contrataciones públicas y evitar que la transición entre el sector público y el privado genere dudas sobre la imparcialidad de los procedimientos. Precisamente por ello, los periodos de restricción forman parte de los mecanismos de integridad previstos por la legislación mexicana.
El procedimiento permanece en curso. Además de Casanova Vallejo, participan Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lease and Fleet Solutions y Agencia Seye. La apertura de las propuestas económicas está prevista para el 4 de agosto, mientras que el fallo se emitirá el 14 de agosto, fechas que marcarán la definición de uno de los contratos de arrendamiento vehicular más importantes licitados recientemente por la empresa pública.
Más allá del resultado del concurso, el caso vuelve a colocar sobre la mesa un debate recurrente en la administración pública: la necesidad de que las contrataciones no sólo cumplan con la legalidad, sino también con los más altos estándares de transparencia e integridad. Cuando existen normas diseñadas para prevenir conflictos de interés, corresponde a las autoridades competentes determinar si los hechos se ajustan plenamente a ese marco o si ameritan una revisión adicional.
Inversión Holcim
Holcim México reforzó su estrategia de inversión en infraestructura sostenible con la puesta en marcha de una nueva planta de reciclaje en Tecomán, Colima, para la que destinó cerca de 200 millones de pesos. El proyecto, desarrollado a través de Geocycle, permitirá procesar alrededor de 45 mil toneladas anuales de biomasa proveniente de la industria azucarera para convertirlas en combustible alterno utilizado en la fabricación de cemento, fortaleciendo la integración de la economía circular dentro de su operación. La inversión también busca mejorar la eficiencia en el uso de materias primas y reducir la dependencia de recursos no renovables, al tiempo que disminuirá aproximadamente 55 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por año. Con esta iniciativa, la compañía avanza en su estrategia de descarbonización y responde a las crecientes exigencias del mercado de la construcción por materiales con menor huella ambiental, un factor que gana peso en proyectos de infraestructura pública y privada, además de reforzar la competitividad de la industria cementera mexicana frente a los compromisos globales de sostenibilidad y transición hacia procesos productivos de menor impacto ambiental.
Voz en Off
MSD Salud Animal nombró a Fabiano Hideto Ikejiri como nuevo director General en México, cargo que asumió a partir del 1 de agosto de 2026 con la misión de fortalecer la estrategia de crecimiento de la compañía, acelerar la innovación y consolidar el desarrollo de soluciones para la prevención, tratamiento y control de enfermedades en animales de compañía y de producción. El directivo llega procedente de Argentina, donde se desempeñó como Director General de MSD Salud Animal y encabezó una etapa de crecimiento sostenido del negocio, fortalecimiento organizacional e impulso a la innovación, experiencia que ahora buscará replicar en el mercado mexicano.
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