En medio de la discusión pública de estos días sobre el Plan B de reforma electoral, una decisión pasó casi como un ajuste técnico, pero en realidad dice mucho más de lo que parece, porque Claudia Sheinbaum confirmó que la elección judicial se mantendrá en 2027 y, al mismo tiempo, planteó adelantar la revocación de mandato para ese mismo año, lo que, dicho así, suena a reorganización de calendario o incluso a eficiencia administrativa, aunque en el fondo abre una discusión mucho más compleja sobre la forma en la que se está reorganizando el poder en el tiempo.
Esto no surge en el vacío, sino que forma parte de un proceso que lleva varios años en construcción, donde se han incorporado mecanismos como la revocación de mandato y se ha puesto sobre la mesa la elección de jueces, bajo la narrativa de ampliar la participación ciudadana, pero al mismo tiempo modificando las reglas del juego institucional, de modo que la política ha dejado de estructurarse únicamente en momentos definidos y ha comenzado a moverse en una lógica más continua, más permanente.
Y es justamente ahí donde aparece el conflicto de fondo, porque lo que en principio se presenta como una profundización democrática también responde a una necesidad política muy concreta, ya que en un contexto de polarización, de desconfianza institucional y de competencia constante, el poder ya no solo necesita ganarse, sino sostenerse y validarse frente a la ciudadanía de manera continua, lo que implica que los mecanismos que antes funcionaban como momentos de evaluación, ahora comienzan a integrarse dentro de una misma lógica de legitimación.
Por eso, concentrar en un mismo año la elección judicial y la revocación de mandato no es únicamente una medida de eficiencia o reducción de costos, sino una forma de alinear distintos momentos de validación política dentro de un mismo ciclo, donde la movilización, la narrativa pública y la competencia electoral se refuerzan entre sí, aunque al hacerlo también se modifica la naturaleza de esos mecanismos, porque dejan de operar de manera independiente.
Así, la revocación de mandato, que fue concebida como un instrumento de control ciudadano para evaluar a quien gobierna antes de que termine su periodo, corre el riesgo de diluirse al coincidir con una jornada electoral más amplia, ya que deja de ser un ejercicio autónomo y se inserta en la lógica de campaña, donde el voto no responde únicamente a la evaluación del gobierno, sino a identidades políticas previamente consolidadas, lo que puede convertir un mecanismo de control en una herramienta de reafirmación.
Al mismo tiempo, la elección judicial introduce otra tensión relevante, porque aunque se plantea como un mecanismo de democratización del Poder Judicial, también abre la puerta a su politización, especialmente cuando se inserta en un entorno electoral cargado de incentivos partidistas, de modo que no es solo qué se vota, sino en qué contexto se vota lo que termina definiendo su sentido.
Lo que empieza a configurarse, entonces, no es simplemente un calendario más eficiente, sino un modelo donde los momentos de evaluación, competencia y validación política dejan de estar separados, y comienzan a superponerse, reduciendo la distancia entre quien gobierna y los mecanismos que deberían controlarlo, y cuando esa distancia se acorta, la frontera entre participación ciudadana y estrategia política se vuelve cada vez más difusa.
En el fondo, lo que explica por qué llegamos a este punto no es solo una reforma específica, sino una transformación más amplia, es decir, una lógica de campaña permanente, donde gobernar implica también sostener una narrativa constante de legitimidad, y donde los mecanismos democráticos dejan de ser únicamente contrapesos para convertirse también en parte de esa misma dinámica.
Por eso, la discusión no debería quedarse en si estos cambios amplían la participación, sino en reconocer cómo la están reorganizando. Porque cuando todo se concentra en un mismo momento, lo que parece más democrático también puede volverse menos exigente, ya que la capacidad de evaluar, distinguir y cuestionar se diluye en una sola lógica electoral. Y ahí es donde está el verdadero problema, no en votar más, sino en que votar deje de significar algo distinto cada vez.
