Algo no está caminando en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, el área encargada de administrar los bienes inmuebles y espacios públicos de la capital. Son más de uno los empresarios y trabajadores del propio gobierno capitalino los que señalan retrasos, requisitos imposibles y proyectos que se quedan varados en el escritorio. Las inconformidades apuntan a la gestión de la Maestra Irma Lara López y a decisiones que los denunciantes califican como discrecionales. Hasta aquí, acusaciones que tendrán que probarse. Pero cuando las quejas comienzan a repetirse, lo menos que corresponde es abrir los expedientes y revisar qué está pasando.
Porque Patrimonio Inmobiliario no es una ventanilla perdida en el organigrama capitalino. Por ahí pasan decisiones sobre bienes y proyectos de la ciudad, su destino y aprovechamiento, además de intervenir en trámites relacionados con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, asignaciones y permisos. En pocas palabras, por sus escritorios pasan decisiones que pueden destrabar o detener operaciones y proyectos vinculados con propiedades del gobierno capitalino.
Lara López no llegó ahí de improvisada. Fue nombrada directora general el 16 de noviembre de 2024 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Por eso resulta especialmente delicado los señalamientos de que los retrasos estarían afectando proyectos y, con ello, objetivos de la propia administración capitalina. Pero hay algo todavía más serio. De acuerdo con el documento que circula con estas denuncias, empresarios y servidores públicos sostienen que existiría una presunta red de corrupción en la dependencia y que algunos proyectos no avanzarían sin un acuerdo de facto con la funcionaria y su equipo. Incluso se asegura que Lara López habría invocado instrucciones superiores para justificar su actuación.
El propio documento propone revisar expedientes, procedimientos, posibles conflictos de interés y requerimientos formulados. No hace falta organizar una comisión para descubrir el hilo negro. Tan solo hace falta abrir archivos. Si todo está sustentado, Lara López tendría en esos papeles su mejor defensa.
El tema ya le hace ruido a Clara Brugada, quien ha sido abordada con este tema durante sus apariciones en público. Y es que se trata de una funcionaria nombrada por ella y, peor aún, los denunciantes aseguran que la directora presume actuar bajo instrucciones de la jefa de Gobierno. No hay evidencia presentada que demuestre esa afirmación, pero precisamente por eso convendría despejarla. Brugada puede ordenar una revisión y saber si Patrimonio Inmobiliario funciona como debe, o permitir que la sospecha siga creciendo.
Dudas sobre el MUNET
Apenas en julio pasado el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) volvió a ver la luz tras casi once años de abandono. La mala noticia es que el gusto por la ciencia duró poco: para finales de octubre, el espacio público ya está apartado para tres noches de conciertos masivos. El cartel de The Lineup Mexico City 2026 promete llenar el lugar con figuras como Sean Paul y Calvin Harris. Detrás del evento aparece NPU Live, una marca estadounidense especializada en arrendar edificios históricos para montar espectáculos inmersivos y festivales de música.
El problema es que este movimiento se habría hecho en total opacidad. No hay claridad sobre qué empresa tramitó las licencias en México, quién cobra los boletos ni qué personaje asumirá la responsabilidad si algo sale mal durante las jornadas de fiesta en un terreno que le pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. Las dudas ya provocaron que los vecinos ingresaran una denuncia ante la Contraloría capitalina que encabeza Nashieli Ramírez. Lo que exigen es revisar quién autorizó el evento, bajo qué criterio se fijó la renta del espacio y en qué bolsillo terminarán los ingresos generados por el show.
La tormenta no se queda en la dependencia. También llovieron solicitudes de información para Protección Civil, el Invea, la Secretaría de Finanzas y la alcaldía Miguel Hidalgo. Quieren ver los permisos para vender alcohol, los niveles de ruido tolerados y los seguros contra daños. Nadie está en contra de que el recinto genere recursos propios. Desde que se proyectó el Fideicomiso del MUNET, dirigido por Juan Rivas Mora, y con Banorte como fiduciaria, se contempló la renta de áreas para financiar el mantenimiento de las instalaciones.
Sin embargo, hay una línea muy delgada entre buscar fondos para un museo y entregarle un bien público a un privado para un negocio multimillonario sin rendición de cuentas. Habrá que ver si Rivas Mora y las autoridades locales salen a explicar el contrato antes de que empiece la música. Y súmele además a todo esto la desconfianza en la plataforma de venta de boletos y la recabación de datos personales.
Voz en Off
Soriana destinará 961 millones de pesos, equivalentes a 55.6 millones de dólares, durante el segundo semestre de 2026 para la apertura y remodelación de tiendas, además de reforzar su capacidad omnicanal en distintas regiones del país. Su proyecto contempla por ahora 26 unidades poniendo especial atención den aperturas y reaperturas en Veracruz y Nuevo León. Lo interesante es la generación de más de mil empleos directos e indirectos.…
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