Lo que comenzó como un aparente conflicto interno entre dos instituciones filantrópicas —el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck—, terminó por destapar la punta de un iceberg de intereses ocultos que huelen a asfalto y plusvalía. Este caso no es solo una disputa por la custodia de seres sintientes, es la evidencia de que el llamado “Cártel Inmobiliario” no ha salido realmente de la Ciudad de México, simplemente ha aprendido a camuflar sus excavadoras bajo la bandera del bienestar animal.
En el lenguaje de la comunicación política, no hay mejor cortina de humo que una causa noble. La Fundación Haghenbeck orquestó una narrativa de rescate y dignidad para justificar la expulsión del refugio, de un predio de 16 hectáreas en Lomas de Vista Hermosa, una de las zonas con mayor valor por metro cuadrado en Cuajimalpa. Bajo el argumento de que el refugio operaba en condiciones deplorables, se ejecutó un desalojo violento que, más que buscar la salud de los ejemplares, parecía buscar la limpieza de un terreno listo para ser urbanizado.
La estrategia fue quirúrgica: asfixiar operativamente al refugio, señalar sus carencias —propias de cualquier espacio que sobrevive de donaciones— y luego, presentarse como los salvadores institucionales. Sin embargo, detrás de la “preocupación” por los animales, los intereses de venta y desarrollo inmobiliario son el motor que realmente mueve los hilos y es que, salió a la luz que el predio en cuestión sería vendido para la construcción de un nuevo desarrollo inmobiliario de Be Grand, empresa encabezada por Nicolás Carrancedo. Es la vieja táctica de la degradación inducida: se permite que un espacio se deteriore, para luego declarar que la única solución es su transformación en un complejo de oficinas o departamentos de lujo.
Y aunque Clara Brugada ya aseguró, que el gobierno no dará ninguna autorización para que en el predio se realicen desarrollos inmobiliarios y la atención se concentra en el pleito legal entre ambas partes, los efectos devastadores para los verdaderos afectados, los animales del refugio, ya son irreversibles. Mientras los abogados intercambian amparos y la burocracia de la Fiscalía General de Justicia realiza operativos mediáticos, cientos de perros y gatos fueron desplazados de lo que fue su único hogar por décadas, convirtiéndose en daños colaterales de una guerra de escrituras.
Hablando de animales...
Queda claro que Clara Brugada tiene que elegir de manera más inteligente con quién se junta. Al interior de su equipo camina una “chapulina” que no solo arrastra el estigma del oportunismo político, sino que pone en riesgo los intereses de la “transformación” que su administración promueve. Se trata de Ana Villagrán, quien tras saltar del PAN para asegurar un hueso en el nuevo gobierno, hoy protagoniza un escándalo que despoja de toda ética a la Agencia de Atención Animal (AGATAN) y refuerza los cuestionamientos sobre la agenda animalista de la mandataria capitalina.
Recientemente, médicos veterinarios de la institución rompieron el silencio para denunciar una carencia crítica de medicamentos e insumos básicos, acusando que se les obliga a operar en condiciones que comprometen la vida de los animales. Pero lo más grave, es la respuesta de Villagrán: lejos de gestionar soluciones, amedrentó y amenazó con el despido a los profesionales que se atrevieron a exhibir las carencias del organismo.
Resulta irónico que quien se vende en redes sociales como la máxima protectora de los animales, hoy sea señalada por silenciar a quienes realmente los curan. El bienestar animal no puede ser una moneda de cambio para el lucimiento personal en TikTok, ni un refugio para personajes que brincan de partido buscando impunidad. Si Brugada permite que este tipo de perfiles sigan operando bajo su sombra, todo discurso de interés por la transformación del país pierde sentido y se disipa entre refugios desmontados y clínicas en desabasto.
