Las reformas electorales suelen presentarse como ejercicios de ajuste técnico, de perfeccionamiento institucional o de corrección de excesos. Lo cierto es que rara vez se reconocen como lo que en realidad son: decisiones profundamente políticas que redefinen el terreno de la competencia democrática. En ese sentido, la discusión actual sobre la reforma electoral en México, no es un debate administrativo, sino uno de fondo sobre los límites del poder, la función de las mayorías y la fragilidad de las reglas que sostienen la confianza pública.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, una reforma puede cumplir con los procedimientos constitucionales y aun así, resultar problemática. El derecho electoral no solo ordena elecciones, preserva equilibrios, protege minorías y, sobre todo, construye legitimidad. Cuando esa lógica se subordina a la coyuntura política, el sistema entero lo resiente.
Uno de los puntos más delicados de cualquier reforma electoral es el papel del árbitro, pues la autonomía de las autoridades electorales no es un privilegio burocrático, ni una concesión histórica: es una condición mínima para que la competencia política sea creíble. Ajustar sus facultades, su estructura o su capacidad operativa bajo el argumento de austeridad o eficiencia, no es ilegítimo. Lo problemático es hacerlo sin una evaluación seria de sus impactos, como si la organización de elecciones fuera un trámite administrativo más y no un proceso que sostiene la estabilidad democrática.
Reformar las reglas del juego mientras se reorganiza el mapa político del país, envía un mensaje muy claro: las normas pueden adaptarse al momento, no al largo plazo. Ese precedente es peligroso y nos indica que lo que hoy puede beneficiar a una mayoría, mañana puede ser utilizado para restringir aún más el pluralismo.
El derecho constitucional ha sido claro en una idea fundamental: no todo lo constitucionalmente posible es democráticamente deseable. Las mayorías legislativas tienen la facultad de reformar, pero también la responsabilidad de no erosionar los contrapesos que limitan su propio poder, y en el caso electoral, esa responsabilidad es mayor, porque se trata del mecanismo que permite o impide la alternancia.
Además, existe un riesgo menos visible pero igual de grave y es la normalización del debilitamiento institucional, que genera una pérdida de confianza y la confianza, una vez erosionada, no se recupera con reformas correctivas.
Un árbitro puede ser legalmente válido y, sin embargo, políticamente cuestionado. Esa brecha es la que debería preocuparnos, porque cuando la ciudadanía deja de creer en las reglas, el conflicto se traslada del terreno institucional al terreno social.
En México conocemos bien los costos de elecciones sin credibilidad. La arquitectura electoral que hoy se discute, no nació del consenso por comodidad, sino de un conflicto que deriva de la necesidad y debilitarla sin una reflexión profunda no es un acto de modernización, sino de riesgo calculado.
No perdamos el norte, la intención de reformar el sistema electoral de nuestro país, es completamente válida y se respalda en las inconsistencias del mismo, pero lo que resulta alarmante, es hacerlo sin reconocer que se está tocando el corazón de la democracia. Las reglas del juego no deberían responder a mayorías coyunturales ni a narrativas de eficiencia mal entendida. Deberían responder a una pregunta mucho más exigente: ¿fortalecen o debilitan la posibilidad de una competencia política genuina?
Esa es la línea que no debería cruzarse, porque una democracia puede sobrevivir a malos gobiernos, pero no a reglas electorales diseñadas desde la conveniencia del poder.
