Esta semana fue publicada en el diario El País la investigación intitulada “La medicina del millón”, misma que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que contiene la siguiente frase lapidaria: “en México existe un ecosistema criminal que importa, fabrica y distribuye medicinas falsas y que, de acuerdo con las denuncias y alertas presentadas por las autoridades, se ha multiplicado por cinco desde 2018 en paralelo a los problemas de desabastecimiento existentes en el sector salud”.
Lo anterior resulta profundamente preocupante, pues en este caso los efectos negativos de esta serie de conductas suelen impactar de manera directa en la salud de la población en México. A juzgar por lo datos arrojados por esta investigación, la proliferación de un mercado ilegal de medicamentos alrededor del país no solo se presenta en establecimientos no regulados, sino que también esto productos ya han penetrado a las farmacias de instituciones públicas tanto federales como estatales.
Toda esta investigación tiene su origen en el descubrimiento de una serie de conductas anticompetitivas que una empresa farmacéutica trasnacional ha emprendido para mantener el precio de un medicamento contra el cáncer que, en el último año, significó cerca de la mitad de sus ingresos totales y ya se ha consolidado como uno de los más vendidos en la historia.
Han sido precisamente los altos precios de este medicamento los que han generado diversos fenómenos, entre los que se encuentran la falsificación de este y en el que nuestro país, ha aportado ejemplos de ello.
Toda vez que casos como el presentado pueden ser revisados desde múltiples ópticas (propiedad intelectual, innovación y desarrollo, lucro, acceso a medicamentos, responsabilidad corporativa, etc.), en casos como el mexicano saca a la luz un problema que crece de manera acelerada: la falsificación de medicamentos.
En un entorno en el que la conocida comúnmente como piratería puede ser normalizada y en el que el sistema de salud ha mostrado de manera fehaciente su insuficiencia al, por ejemplo, padecer desde hace años un desabasto de medicamentos, se encuentra un terreno fértil para que prolifere la falsificación de estos.
Nada menos la semana pasada, el Gobierno de México expresó su intención de iniciar con la consolidación de un Sistema Universal de Salud a partir de una credencialización y la publicación de un decreto, por lo pronto. Sin embargo, es importante subrayar que un esfuerzo titánico como este debe ir precedido de la resolución de problemas elementales como es la falsificación de medicamentos y su penetración en instituciones públicas y definitivamente seguido de la provisión de recursos suficientes para financiar a un sistema que de manera histórica ha sido insuficientemente financiado.
Asimismo, como ya lo hemos expresado en el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, resulta impostergable fortalecer por medio del otorgamiento de autonomía constitucional a nuestra recientemente debilitada agencia administrativa encargada de la regulación, control y vigilancia sanitaria: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Contar con instituciones potentes que cuenten con “los dientes” para regular a agentes económicos de la magnitud de la que estamos hablando es imprescindible, pues lejos de ser aliadas de “los ricos y poderosos”, pueden contribuir con el Estado a someterlos a través de algo tan básico como es la aplicación de la ley.
