Las calles de Irán se han convertido nuevamente en un escenario de tensión social, que ha captado la atención internacional. Desde finales de 2025, miles de ciudadanos han salido a manifestarse en ciudades como Teherán, Mashhad, Isfahán y otras urbes medianas, en un contexto marcado por una crisis económica profunda. El alza sostenida de los precios, la depreciación de la moneda nacional y el deterioro del poder adquisitivo, han sido factores determinantes que detonaron las protestas, inicialmente impulsadas por comerciantes, trabajadores y sectores populares afectados directamente por el encarecimiento de la vida.
Lo que comenzó como una expresión de descontento económico, pronto se transformó en un reclamo más amplio. Diversos reportes de medios internacionales y organizaciones de derechos humanos, han documentado consignas que cuestionan directamente a las autoridades y al sistema político vigente. La amplitud geográfica de las manifestaciones y la diversidad social de quienes participan, reflejan un malestar acumulado durante años, alimentado no solo por dificultades económicas, sino también por restricciones políticas y sociales persistentes.
La respuesta del Estado iraní ha sido contundente. Organizaciones independientes de derechos humanos, como la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), han registrado cientos de personas fallecidas y miles de detenidos desde el inicio de las protestas. A estos datos se suma el uso recurrente de detenciones masivas, procesos judiciales acelerados y el despliegue de fuerzas de seguridad para dispersar las concentraciones. Aunque el acceso a información ha sido limitado por restricciones severas a internet y a las comunicaciones, los recuentos disponibles provienen de monitoreos constantes realizados dentro y fuera del país.
El bloqueo parcial o total de internet, documentado por observatorios digitales internacionales, ha sido una herramienta clave para contener la movilización y controlar el flujo informativo. Esta práctica, recurrente en Irán durante episodios de protesta social, no solo dificulta la organización ciudadana, sino que también impide la verificación independiente y el ejercicio pleno del derecho a la información, tanto para la población local, como para la comunidad internacional.
Irán es hoy un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando el poder se concentra sin contrapesos y la disidencia se castiga en lugar de escucharse. Los regímenes autoritarios no solo sofocan libertades individuales, erosionan economías, expulsan talento, normalizan la violencia institucional y condenan a sus sociedades a una inestabilidad permanente. La represión puede contener momentáneamente la protesta, pero no resuelve las causas que la originan.
Mientras el Estado responda con censura y fuerza a demandas legítimas, el país seguirá atrapado en un ciclo de crisis que afecta no solo a sus ciudadanos, sino a toda una región que observa cómo el autoritarismo, lejos de garantizar orden, termina por sembrar desgaste, aislamiento y descomposición social.
