Hoy Cuba atraviesa por una profunda crisis social y económica, escasez de alimentos, medicinas, servicios básicos y apagones prolongados. La crisis económica persistente está vinculada a causas estructurales, y no exclusivamente atribuibles a sanciones de Estados Unidos, como lo pretende signar la dictadura, así como, al déficit de legitimidad democrática que priva las posibilidades de desarrollo y la vigencia de los derechos humanos.
En enero de 2026, la dictadura cumple 67 años. Instaurada por Fidel Castro en 1959, traspasada a su hermano Raúl en 2008 y hoy mantenida por el sucesor de la familia Castro, Miguel Díaz-Canel, que si bien desde el inicio ha sido definida como una República Socialista de partido único y como democracia popular, hoy no hay duda que ha derivado en una dictadura totalitaria. Estamos frente a un régimen donde el poder se ha concentrado en unas cuantas personas privilegiadas, sin dispensas democráticas y represión, y supresión de derechos civiles y humanos.
El régimen desde su inicio ha dependido de las dádivas y órbitas geoestratégicas, primero de la entonces Unión Soviética y de países como Venezuela y México, por razones ideológicas y geopolíticas. El impacto de la captura del ilegítimo presidente venezolano Nicolás Maduro, por las fuerzas armadas estadounidenses, cayó como un balde de agua fría en la élite política cubana y ha despertado esperanza en muchos cubanos, de que el régimen pronto pueda caer por inercia propia o presión estadounidense. Aunque el Estado cubano conserva el control de las fuerzas armadas y de los aparatos de seguridad, lo que le permite contener el descontento social.
La caída de Maduro constituye la pérdida de un aliado político regional, proveedor de petróleo a cambio de supuestas “especializadas brigadas médicas”, protección e inteligencia cubana. Por lo pronto, México sigue proporcionando apoyo a La Habana; un buque petrolero arribó el pasado viernes 9, cargado con 85 mil barriles de crudo procedente de México.
De acuerdo a diversas organizaciones internacionales, entre estas, la CIDH, RELE y REDESCA de la OEA, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la dictadura cubana ha tendido a intensificar las restricciones a la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias, así como la criminalización de activistas de derechos humanos, periodistas, manifestantes y el hostigamiento y malos tratos a personas detenidas por cuestiones políticas.
Un nuevo código penal que entró en vigor en diciembre de 2022, ha sido utilizado como una herramienta sofisticada de “legalidad” para la criminalización y aplicación discrecional de la ley, con delitos como sedición y actos contra la seguridad del Estado, mercenarismo y terrorismo financiero y mediático, entre otros, con penas severas.
Los detenidos por participar en las protestas de julio de 2021, han descrito condiciones de hacinamiento en celdas, acceso limitado de alimentos y agua potable, brotes de sarna, tuberculosis, dengue y Covid 19, sin atención médica, golpes y sometimiento a regímenes de aislamiento y castigo. Según Amnistía Internacional, a junio de 2024 habría entre 963 y 1113 personas detenidas por razones políticas. En enero de 2025, tras negociaciones entre el gobierno cubano, el Vaticano y Estados Unidos, anunciaron la liberación de 553 detenidos, de los cuales 200 habrían sido presos políticos, no obstante, continúa una permanente vigilancia, acoso y hostigamiento sobre ellos.
La falta de reformas políticas sustantivas que garanticen libertades públicas y pluralismo, invariablemente darán continuidad al autoritarismo. La narrativa cubana oficial que justifica estas restricciones en nombre de la soberanía ha servido, ante todo, para legitimar la restricción de los derechos civiles y la permanencia en el poder de la autocracia cubana, grupúsculo aferrado al poder que ahora cumple 67 años de existencia, cuyo ciclo es necesario abortar y a lo que persiste resistencia.
