México necesita una reforma político-electoral no porque su sistema haya colapsado, sino precisamente porque sigue funcionando bajo tensiones acumuladas que ya muestran señales de desgaste. Las democracias no se reforman solo cuando estallan, se reforman para evitar que las fisuras se conviertan en crisis. Hoy, el país enfrenta una combinación delicada: instituciones electorales sólidas en el diseño, una ciudadanía cada vez más distante y un sistema político que no logra traducir pluralidad en gobernabilidad efectiva.
El debate cobra especial relevancia porque, en los próximos días, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una propuesta federal de reforma político-electoral. Aunque los detalles finales aún no se conocen, el gobierno ha adelantado que el planteamiento buscará reducir costos, simplificar la estructura electoral y revisar aspectos del modelo de representación. El anuncio ha generado expectativas, pero también una oleada de inquietudes que reflejan lo sensible del tema.
Desde 1990, México ha modificado sus reglas electorales en al menos cinco grandes momentos. Cada reforma respondió a una necesidad concreta: recuperar credibilidad tras elecciones cuestionadas, dotar de autonomía al árbitro electoral, garantizar equidad en la competencia, limitar la injerencia de los gobiernos locales o fiscalizar el dinero en la política. El resultado fue un modelo robusto, pero también complejo y costoso. El Instituto Nacional Electoral, heredero de esa evolución, se consolidó como uno de los organismos electorales más grandes y profesionales de América Latina, con una estructura permanente que no tiene equivalentes regionales.
Ese diseño tuvo pleno sentido en un país marcado por fraudes, padrones inflados y elecciones organizadas desde el poder. Pero tres décadas después, el contexto es distinto. México ya no debate si su voto cuenta, sino si su voto incide. La participación electoral se ha estancado (alrededor del 60 por ciento en elecciones presidenciales y por debajo del 50 en intermedias) y la confianza en los partidos políticos se mantiene de forma consistente entre las más bajas de las instituciones públicas.
Es ahí donde la reforma se vuelve necesaria. México enfrenta una democracia cara, fragmentada y con incentivos que premian la confrontación permanente. El financiamiento público a partidos, diseñado para evitar la captura por intereses privados, terminó produciendo estructuras partidistas dependientes del presupuesto y alejadas de la ciudadanía. En 2024, los partidos nacionales recibieron más de 10 mil millones de pesos en recursos públicos, una cifra difícil de justificar en un país con altos niveles de desigualdad y precariedad.
Otro punto crítico es la sobrerrepresentación legislativa. El modelo actual ha permitido, que fuerzas políticas con menos de la mitad de los votos obtuvieran en algún momento, mayorías calificadas en el Congreso. Aunque legal, esta distorsión erosiona la percepción de equidad y debilita la legitimidad de las decisiones. Reformar no implica eliminar la representación proporcional, sino revisar si el equilibrio entre gobernabilidad y pluralidad sigue siendo funcional.
La propuesta presidencial, sin embargo, no llega a un terreno neutral. Organizaciones de la sociedad civil, como Somos MX y otros colectivos, han expresado su inconformidad ante la posibilidad de cambios acelerados o diseñados desde una sola lógica política. A estas voces se han sumado exconsejeros electorales, quienes han advertido que modificar piezas clave del sistema (como la integración o el diseño de las autoridades electorales) requiere consensos amplios y argumentos técnicos sólidos. Su preocupación no es ideológica, sino histórica: en México, la autonomía electoral no es un accesorio, sino una conquista.
El sistema electoral, además, enfrenta desafíos que ninguna reforma anterior ha resuelto del todo: violencia política en regiones enteras del país, captura de gobiernos locales, uso clientelar de programas sociales y financiamiento opaco en campañas estatales. Ajustar las reglas sin atender estas realidades sería un error de diagnóstico.
La participación de la sociedad civil en esta discusión es, por tanto, indispensable. No garantiza acuerdos automáticos, pero sí amplía la legitimidad del proceso.
México necesita una reforma para fortalecer la relación entre ciudadanía, representación y poder. La democracia no se agota en el acto de votar; se sostiene en reglas claras, instituciones confiables y la certeza de que nadie las modifica a su conveniencia.
