Cada año, en el marco del 8 de marzo, se multiplican los espacios de reflexión sobre los avances y pendientes, en materia de igualdad y paridad. En las últimas semanas, en el marco de estas actividades, las integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México participamos en diversos encuentros sobre representación y participación política de las mujeres. Escuchar a académicas, funcionarias, legisladoras y activistas permite tomar distancia del día a día institucional, y mirar con más claridad los retos que siguen presentes. Me quedo con tres reflexiones.
La primera es que México ha logrado avances significativos en materia de paridad. A partir de la reforma constitucional de 2014 y de la reforma de 2019 conocida como “paridad en todo”, el país se colocó entre los referentes internacionales en materia de representación política de las mujeres. Hoy, las mujeres ocupan el 50% de la Cámara de Diputados y el 49% del Senado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral. Además, México ha sido reconocido por organismos internacionales como ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria como uno de los países con mayor presencia femenina en el parlamento.
Estos avances no son producto de la casualidad. Son el resultado de décadas de lucha del movimiento feminista, de reformas constitucionales, de criterios jurisdiccionales y del trabajo de instituciones electorales. Precisamente por eso, cualquier reforma electoral o modificación a las leyes secundarias debe analizarse con cuidado para evitar retrocesos en materia de paridad.
La segunda reflexión tiene que ver con un desafío que va más allá de lo constitucional o lo legal. Las reglas son indispensables, pero por sí solas no garantizan una representación política sustantiva. Para que el piso mínimo de paridad funcione en la práctica, se requiere además un compromiso real de los partidos políticos y de todos los actores involucrados en la vida pública, que propicie el desarrollo de agendas y políticas para mejorar las condiciones laborales, y el acceso a derechos sociales para todas las mujeres del país.
Uno de los problemas recurrentes en los procesos electorales es la incorporación de candidaturas de último momento para cumplir formalmente con las cuotas o acciones afirmativas. Cuando esto ocurre, las mujeres o las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria llegan a las contiendas con menos tiempo, menos estructura y menos posibilidades reales de competir en condiciones de igualdad.
Algo similar sucede con las acciones afirmativas dirigidas a personas de pueblos y barrios, personas con discapacidad, juventudes o población de la diversidad sexual. Su implementación ha sido un avance importante, pero también ha mostrado riesgos de simulación. Por ello, es fundamental fortalecer mecanismos como la autoadscripción calificada y, especialmente, mantener un vínculo permanente con organizaciones de la sociedad civil que puedan acompañar y verificar la representación efectiva durante todo el periodo del encargo. Es fundamental que los partidos políticos puedan construir las candidaturas a partir de un vínculo genuino con sectores sociales y no sean un intento desesperado por cumplir una formalidad.
La tercera reflexión apunta a un tema que sigue siendo un obstáculo serio para la participación política de las mujeres: la violencia política en razón de género. Desde 2020 México cuenta con un marco legal específico para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Sin embargo, las denuncias continúan presentándose.
En muchos casos se trata de descalificaciones basadas en estereotipos, obstáculos para el ejercicio del cargo o presiones para que las mujeres renuncien a sus puestos.
Por ello, no basta con garantizar el acceso de las mujeres a los cargos públicos. También es indispensable asegurar que cuenten con herramientas institucionales para denunciar y enfrentar cualquier acto de violencia. Esto implica fortalecer los mecanismos de atención, pero también trabajar con los gobiernos para identificar claramente qué constituye violencia política de género y prevenir su reproducción en la vida pública.
Finalmente, hay un aspecto que suele discutirse menos, pero que resulta clave: la construcción de redes de colaboración entre mujeres que ejercen responsabilidades públicas. Necesitamos más espacios donde concejalas, alcaldesas, legisladoras y funcionarias puedan dialogar, compartir experiencias y construir lo que algunas autoras han llamado sororidad gubernamental.
La paridad permitió abrir la puerta. El siguiente paso es asegurar que esa presencia se traduzca en participación efectiva, libre de violencia y con capacidad real de incidir en las decisiones públicas.
