Más ruido que justicia: los tropiezos que hoy pesan sobre la Suprema Corte.
Cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nos referimos a cualquier tribunal. Es el máximo intérprete de la Constitución, el último bastión jurídico en un sistema democrático. Por eso, lo que ha ocurrido en semanas recientes no es un detalle menor; no se trata de una sentencia polémica, sino de decisiones y escenas que han puesto a la Corte en el centro de la crítica pública por razones que van más allá del derecho.
El caso más visible fue la compra de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee para ministras y ministros de la Corte, anunciada el 22 de enero de 2026 como parte de la renovación de la flotilla vehicular, con el argumento de que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad. El costo total autorizado fue de 25 millones 650 mil pesos, lo que implica un promedio de 2 millones 850 mil pesos por unidad, incluido el IVA.
La respuesta pública fue inmediata. La contradicción entre ese gasto millonario y el discurso de austeridad que marcó la instalación del nuevo pleno, que asumió funciones el 1 de septiembre de 2025 bajo la promesa de un Poder Judicial honesto, transparente y cercano al pueblo, generó un rechazo extensivo.
En cuestión de días, el 25 de enero de 2026, la propia Corte informó que las ministras y ministros no utilizarían esas camionetas y que solicitarían iniciar el proceso para su devolución o, en su caso, ponerlas a disposición de juezas y jueces que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable. Este acto de contrición institucional no resta el daño político que ya estaba hecho.
Pero los tropiezos no se han limitado al terreno administrativo. La dinámica interna del pleno también ha dejado ver diferencias que han trascendido el debate estrictamente jurídico. Un ejemplo ocurrió en la sesión del 19 de enero de 2026, cuando la Suprema Corte resolvió que no procede un recurso de revisión contra sentencias dictadas por sus extintas Salas, al tratarse de decisiones terminales. Aunque el criterio principal salió adelante, el debate dejó constancia de discrepancias técnicas relevantes dentro del pleno sobre el alcance de ese planteamiento.
Y como si no bastara con la percepción de privilegios en la gestión pública, el 24 de enero de 2026, la ministra Loretta Ortiz fue captada viajando en primera clase a Costa Rica para participar en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en un seminario regional de derechos humanos.
La Suprema Corte enfrenta hoy un déficit de legitimidad que ninguna aclaración técnica puede reparar por sí sola.
La Corte no solo imparte justicia; también representa un referente ético dentro del Estado. El reto ya no es únicamente jurídico: es demostrar, en los hechos, que su actuación administrativa y su conducta pública están a la altura del peso constitucional que tiene. Porque cuando la Corte tropieza, no es un órgano más el que se ve afectado, es la confianza en todo el sistema de justicia.
