El pasado jueves 31 en la “mañanera del pueblo” la presidente Claudia Sheinbaum informó que en la presente semana se prevé firmar un acuerdo de cooperación en seguridad con Estados Unidos, para reducir el ingreso de precursores de fentanilo a México y el tráfico de armas a la República Mexicana, favorecer la cooperación en la frontera norte y el intercambio de inteligencia, así como campañas contra las drogas sintéticas.
Subrayó que dicho acuerdo se confirmó durante la conversación telefónica que sostuvo ese día con su contraparte Donald Trump, en la que también estuvo presente el secretario del Departamento de Estado Marco Rubio. Sheinbaum repitió la trillada cantaleta – que si bien es cierta ya resulta bastante chocante- que dicho tratado se realizará con respeto a la soberanía, confianza mutua, respeto al territorio y colaboración sin subordinación.
Es obvio que los principales temas en la agenda bilateral para el presidente Trump continúan siendo el comercio, la migración y el crimen organizado, en especial el tráfico de fentanilo, lo que condujo la plática. En ese marco el presidente acordó aplazar por 90 días nuevos aranceles que entrarían en vigor el 1 de agosto, a cambio, manifestó el propio Trump, de que México remueva de inmediato las barreras comerciales no arancelarias. La vocera Karoline Leavitt dijo que México aún paga aranceles del 25% por el fentanilo y los autos y el 50% en el acero, aluminio y cobre.
El presidente había anunciado aranceles de 30% para México bajo el argumento de que no había hecho lo suficiente en la lucha contra el tráfico de fentanilo. Es claro que un acuerdo de Estados Unidos con México es diferente al alcanzado con otros países, por las dificultades y ventajas de países vecinos.
A efecto de ejercer presión sobre México en torno a una relación asimétrica de poder, la administración del presidente Trump ha amarrado el tema comercial y arancelario a los asuntos migratorios y del crimen organizado, que le han permitido llevar la batuta indiscutiblemente, mediante la imposición.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, expresó que “México ahora comprende que cualquier acuerdo ahora debe abordar la crisis del fentanilo y la inmigración ilegal, además de abordar el enorme déficit comercial de Estados Unidos. Durante los próximos noventa días trabajaremos juntos para analizar cómo un acuerdo puede resolver estos problemas de una vez por todas”, dijo.
Está en puerta la revisión del T-MEC en enero de 2026. Es necesario ponderar la actitud festiva que en ocasiones tiene la presidente mexicana ante el estratégico y habilidoso presidente estadounidense, ya que las demandas sobre el crimen organizado y la migración podrían provocar medidas inesperadas, tal cual es la costumbre del presidente Trump en un ámbito de poder.
El tema de seguridad y crimen organizado se han convertido en la “espada de Damocles” en la relación bilateral, ante el alto poder de las organizaciones criminales mexicanas y la corrupción y la incapacidad de las instituciones para contenerlo. En amenazantes declaraciones recientes a la prensa el zar fronterizo, Tom Homan, dijo que con el liderazgo del presidente Trump van a “borrar a los cárteles de la faz de la tierra”.
Los cárteles, en mayor o menor medida -afirman especialistas- tienen presencia en todo el territorio mexicano y cada vez mayor actividad en el estadounidense. Estados Unidos considera a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas foráneas y serias amenazas a la seguridad nacional. Se suma la ansiosa y habida reclamación estadounidense por criminales mexicanos y personajes vinculados al crimen organizado, donde hay mucha tela de donde cortar, que produce mucho ruido en el sistema político actual.
Hoy no se trata sólo de mantener “la cabeza fría”, sino de amparar la capacidad suficiente para negociar ante una situación de poder adverso, fuera de conceptos frívolos, en los vínculos con la primera potencia mundial y vecino fronterizo. El gran reto.
