Un conflicto armado irrumpe. Un hacker opera desde una computadora al otro lado del mundo. Obtiene financiamiento de una recóndita organización incorporada al otro extremo del globo. Detrás de tal entramado está una potencia mundial, igualmente distante, pero interesada en explotar recursos; fácilmente oculta su responsabilidad. Nadie la vio maquinar un ataque cibernético que logra que los hospitales de la región en conflicto colapsen. Por la disrupción, el apoyo humanitario queda imposibilitado e incluso es víctima de otros ataques. Miles mueren. Se propaga una pandemia. El beneficiario de la desgracia, una de las partes beligerantes, afirma ser ajeno a la tragedia… Pero miles mueren, miles sufren.
Ese es sólo un ejemplo de lo que se denomina “Tecnologías de la Información y la Comunicación en conflictos armados”. Representa una de las mayores preocupaciones y más apremiantes prioridades del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Lo de hoy es esa grave dilución entre lo civil y lo militar, entre combatientes y no combatientes. Se consiente atacar civiles o personal humanitario; instalaciones sanitarias, bancos o sistemas de abastecimiento de agua; ir contra aquello que provee vida y sosiego.
Las decisiones bélico-cibernéticas surgen desde instalaciones lejanas aprovechando la penetración tecnológica por internet y celulares que todos requieren. Focalizan la dependencia de la infraestructura crítica en las tecnologías informáticas: más de 510 mil millones de dólares son actualmente el gasto mundial en ciber-protección porque estos ataques quiebran una sociedad, detonan pánico, propagan enorme sufrimiento y el seguimiento de los responsables es complejo.
Según recuenta el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el mundo enfrenta hoy más de 130 conflictos armados; 40% en África. Ello duplica las guerras que había hace tan solo cinco años. Es la peor época histórica en presencia de conflictos y aquella en que la ciberguerra está omnipresente. Algunos creen que, en países pobres, lo digital no debería imperar. Es donde los daños por vía digital son más terribles. Las alternativas no existen: la carretera bloqueada, el suministro sellado… y solo queda silencio, hambruna, enfermedad y muerte.
Si se respetara el derecho internacional humanitario, se evitaría una cantidad inaudita de muertes y ahogo cruel. Pero la impunidad incentiva continuar violando el DIH: el líder que, sin castigo alguno, recluta niños; otro que asesina civiles o simplemente desmantela el sistemas de comercio en una región.
Esto motivó la Iniciativa Global para Impulsar el Compromiso Político con el Derecho Internacional Humanitario por parte de Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajstán, Sudáfrica y el propio CICR. En ese marco, México orienta su energía a capitanear el avance específico de la Línea de Trabajo 6 que trabaja sobre las tecnologías en conflictos armados. En esta cruzada, lo acompañan Luxemburgo, Ghana, Suiza y el CICR.
El desafío es grande y se centra en fortalecer, sin crear nuevas normas, voluntad política y cooperación. Demostrar que el DIH actual sí aplica a estas nuevas formas de guerra. Su implementación es posible. Me ha tocado personalmente articular puntos de coordinación interregional entre África y América Latina en el tema, siempre bajo el paraguas del esfuerzo técnico del CICR. Al menos difundir lo que se avanzó en Latinoamérica en abril pasado, y mostrar qué líneas de acción están logrando penetrar en los acuerdos entre naciones y regiones. Cuando se coloca al ser humano y su afectación al centro del debate, los términos de referencia cambian: se atestigua una aplicación seria del DIH en el ciberespacio como medida concreta hacia la transparencia y el fomento a la confianza.
Se valora el intercambio de medidas de implementación práctica; el valor de la cooperación regional y el fortalecimiento de capacidades de fiscalización para reducir asimetrías. Resulta básica la incorporación de enfoques con sensibilidad de género y edad; algo básico porque las poblaciones vulnerables son las víctimas primarias de las ciberguerras.
Vale la pena que se conozca más de lo mucho que nuestro país impulsa en este tema. Es vasto y complejo, pero no por ello se ha perdido la esperanza de que, en el proceso de preparación hacia una Conferencia de Alto Nivel sobre Derecho Humanitario, prevista para el próximo 7 de diciembre en Jordania, se logre algo que revierta un tanto la ola cibernética negativa en conflictos que hoy nos aqueja
