En junio de este año, el INE ordenó al PAN retirar diversas publicaciones que se refieren a MORENA como un “narcopartido”. Dicha sanción llega en un momento en el que es común escuchar a los políticos de oposición y sus simpatizantes referirse a MORENA como narcopartido y al gobierno federal como un narcogobierno.
Lo verdaderamente preocupante del uso del término “narcopartido” no es necesariamente la acusación sin evidencia, sino aquello que oculta sobre nuestro país reducir los graves problemas con el crimen organizado a un presunto vínculo con MORENA.
Los problemas de México con el narcotráfico y el crimen organizado no comenzaron en 2018. Tampoco es verdad que el crimen organizado haya surgido en México durante el sexenio de Calderón o de Fox, sino que lleva décadas desarrollándose y creciendo en el país.
Las organizaciones criminales no apoyan a un partido porque tengan ideología política y simpatía partidista. Es importante entender a un cartel como una empresa, cuyo último fin es el lucro a través de operaciones ilícitas. Al crimen no le interesa gobernar para imponer una agenda política, lo que buscan es aliarse con los gobiernos locales para asegurar que las autoridades permitan que puedan continuar operando.
Antes de los primeros casos de alternancia partidista en México, cuando el partido único era el PRI, las redes criminales mantenían contacto con las autoridades priistas, que siempre eran las mismas o por lo menos mantenían un proyecto constante y un ambiente de certidumbre. Cuando llegaron las alternancias partidistas, alrededor de 1990, esa certidumbre se terminó, ya que no había manera de asegurar que el mismo partido mantuviera el control en cada municipio y era posible que llegaran autoridades de otros partidos a gobernar.
Trejo y Ley hicieron una investigación con datos entre 2007 y 2012 en donde descubrieron que los ataques de alto perfil (secuestros, amenazas públicas de muerte, intentos de asesinato y asesinatos consumados contra funcionarios de gobierno electos, candidatos u activistas) eran hasta 484% más frecuentes en municipios que se encontraran en estados gobernados por el PRD, partido de oposición al gobierno federal del PAN. La explicación que proporcionan los autores es que el gobierno federal no enviaba la misma protección a los PRDistas que a otros gobiernos locales, por lo que quedaban vulnerables. Demostraron que el crimen organizado no estaba aliado con el PAN ni volcado contra el PRD, sino que atacaba donde el gobierno federal decidía no proteger como estrategia política.
Sandra Ley hizo otra investigación con datos de la misma época demostrando que este tipo de violencia suele desincentivar la participación de la gente en las elecciones. Este hallazgo implica que las organizaciones criminales afectan el proceso electoral, favoreciendo que quien gane la elección sea alguien que favorezca las operaciones del cartel. Por otro lado, Aldo Ponce hizo una investigación que encontró una correlación entre competencia electoral y violencia a nivel municipal. Su conclusión es que la violencia incrementa cuando el crimen no tiene un candidato seguro.
El crimen organizado no es aliado de MORENA y rival de la oposición. Tampoco está aliado con la política para gobernar, sino con el fin de proteger sus operaciones. Si hoy en día un cartel se alía con MORENA, no lo hace por simpatía con el movimiento, sino porque es el grupo que mantiene el poder. El problema que tiene México con el crimen organizado no es que tenga un narcopartido, sino que es un narcopaís. México necesita más que un cambio de logotipo en el poder para resolver este problema tan complejo.
