Con alrededor de 23 años en el poder, Daniel Ortega, el otrora dizque guerrillero idealista surgido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se olvidó para siempre de los ideales revolucionarios que lo llevaron junto con sus compañeros a derrocar al dictador Anastasio Somoza, instaurar un sistema democrático, introducir reformas que beneficiaran al pueblo y dejar atrás los niveles de pobreza que Nicaragua ha venido arrastrando desde hace décadas, para convertirse en una de las peores versiones de tirano moderno al emularlo y superarlo, estableciendo una dictadura de corte autoritario junto con su esposa Rosario Murillo.
El actual régimen nicaragüense se fue consolidando al paso de los años mediante el ejercicio sistemático de acciones violentas contra toda forma de oposición política, reprimiendo cualquier indicio de insubordinación civil o ideológica, suprimiendo la libertad de expresión, la participación política y la libertad de creencias. Incluso, reportes periodísticos dan cuenta de la represión y la desaparición forzada de cientos de personas, incluyendo defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales ygrupos de religiosos que ha llevado a cabo el régimen de los Ortega-Murillo, lo que se tradujo también en censurar a medios de comunicación independientes que no eran afines al gobierno y provocar el éxodo de miles de nicaragüenses hacia el exterior. Algunas fuentes señalan que de 2019 a 2024, más de 475,000 personas emigraron de Nicaragua a los Estados Unidos, incluyendo más de 200 religiosos.
Este año, la pareja Ortega-Murillo ha rayado en lo absurdo al haber efectuado reformas constitucionales que les permitieron autonombrarse copresidentes de esa nación, buscando afianzarse y quizás inmortalizarse en el poder. En ninguna otra nación del mundo existe la figura de una copresidencia compartida por dos cónyuges, de carácter cleptocrático, que beneficia económica y financieramente a los integrantes de esa familia presidencial.
Durante años, Washington ha abogado por el restablecimiento de la gobernabilidad democrática en Nicaragua. Sin embargo, a pesar de imponer numerosas y estrictas sanciones a individuos, entidades estatales y miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el régimen de Ortega y su esposa ha impuesto un control más férreo sobre instituciones clave y un control abrumador sobre la sociedad. Hay quienes argumentan que los Estados Unidos y la comunidad internacional no han prestado suficiente atención a Nicaragua, considerando el deterioro de la situación política del país en los últimos años. El regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, con un particular enfoque en los gobiernos autoritarios de izquierda en América Latina alineados con Rusia o China, plantea la pregunta de si su administración intensificará sus esfuerzos para presionar al régimen de Ortega. Los EU harían bien en revisar las redes financieras que sostienen a este régimen autoritario, incluyendo la inversión extranjera, la asistencia y los préstamos internacionales, así como el acceso al mercado estadounidense para las exportaciones, la ganadería y minerales como el oro. Una revisión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), en vigor para Nicaragua desde 2006 y mediante el cual tiene acceso preferencial al mercado de los EU, constituye una prioridad para Washington, ya que el gobierno de Managua ha incumplido varias cláusulas del acuerdo.
Unos días después de que fuera derrocado el dictador venezolano Nicolás Maduro por los EU, en una operación militar para ser enjuiciado, el Ministerio del Interior de Nicaragua anunció la liberación de decenas de prisioneros, lo que parece fue resultado de la presión que vienen ejerciendo los EU sobre Ortega y su camarilla. Es innegable que, a nivel geopolítico, el derrocamiento de Maduro sacudió el equilibrio del poder regional en América Latina, concretamente de tres países con gobiernos autocráticos de izquierda: Cuba, Venezuela y Nicaragua. A la luz de este reacomodo, México también debería reformular su política exterior hacia Managua y tomar acciones concretas en favor del pueblo nicaragüense, no solamente expresando preocupación por las detenciones de activistas políticos o manifestantes, y concediendo asilo a aquellos nicaragüenses que lo soliciten, como ha venido haciéndolo con la emisión anual de más de 50,000 visas humanitarias.
