En mayo de 2026, una mega fuga de agua en Xochimilco fue reparada por las autoridades, pero tan solo cuatro días después esta se volvió a abrir, dejando múltiples casas afectadas. Tan solo una semana antes, una fuga de magnitud similar inundó múltiples viviendas en Iztapalapa (El Sol de México). Al mismo tiempo, los habitantes de La Versolilla, Querétaro, bloquearon la autopista 57 reclamando el desabasto de agua que existe en su comunidad desde hace cuatro meses.
Estos eventos, sumados a la escasez de agua vivida en Nuevo León en 2022 y a las alertas encendidas en el sistema Cutzamala en 2024, parecieran indicar que México es un país sin agua, al borde de una crisis que podría ser devastadora para la ciudadanía. Pero hay una serie de datos que plantean otra situación. Es cierto que, según el Imco en 2023, 12 millones de personas en México no tenían acceso a agua potable; pero es también cierto que el 46% del agua potable en México se pierde por fugas en las redes de distribución. De acuerdo con la investigación publicada en 2020 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) llamada “Los Millonarios del Agua”, basada en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), apenas el 1.1% de los titulares privados concentran el 22.3% del volumen total del agua concesionada en México.
En ese 1.1% de corporativos se encuentran Lala y empresas del grupo Coca-cola. Estos negocios, según los investigadores de la UAM, pueden extraer el agua directamente de 99 acuíferos de los 115 que ya se encuentran sobreexplotados en el territorio nacional. La investigación también resalta que la cadena agroindustrial de Grupo Lala en la Comarca Lagunera, que hasta ese momento tenía concesionada mucha del agua en la región para producir alfalfa como alimento para el ganado, ha secado a tal grado los mantos superficiales que la población menos privilegiada se ha visto obligada a consumir agua de pozos ultraprofundos con altas concentraciones de arsénico, disparando los casos de cáncer y diabetes en la región. Lo más grave del asunto es que el agua ni siquiera estaba concesionada directamente a Grupo Lala, sino que usaron a integrantes de la familia Tricio (accionistas de Lala) como prestanombres.
La pérdida de agua en fugas y la concentración privada de concesiones son síntomas de un problema mayor. En 1992, la Ley de Aguas Nacionales le dio el poder a las grandes corporaciones para adueñarse de enormes cantidades de agua al año e incluso poder ellos mismos venderla a otras empresas, fungiendo como “distribuidoras”. La reforma de 2025 a la misma ley ya no permite que las empresas puedan comprar, vender, rentar o transferir directamente sus concesiones de agua a otras corporaciones; pero aún permite las grandes concesiones de agua a las corporaciones.
La ley reformada elimina parte del problema, pero no resuelve la enorme desigualdad que existe en la distribución del líquido vital. El Estado deja que los grandes corporativos posean una porción importante del recurso hídrico y repara fugas que se vuelven a abrir a los cuatro días o permite que comunidades enteras no tengan acceso a agua del grifo durante meses.
En un país en el que el agua le falta a millones de personas, pero donde el 1.1% de los corporativos puede permitirse acaparar una quinta parte del recurso, el diagnóstico es claro: no hay escasez de agua, hay abundante clasismo y abandono a los pobres.
