En México no solo cambió el gobierno en 2018. Se rompió un sistema.
Lo que ocurrió fue un quiebre profundo en la relación entre el Estado y el sector empresarial. No una diferencia política más, sino una ruptura estructural que alteró la lógica con la que durante décadas se había construido la proveeduría pública del país.
A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, bajo la promesa de erradicar la corrupción, se desmontó un esquema en el que grandes empresas —nacionales y transnacionales— participaban mediante licitaciones públicas en la provisión de bienes, servicios e infraestructura. Era un sistema imperfecto, sí, pero que garantizaba algo esencial: capacidad, experiencia y cumplimiento en sectores críticos.
Hablamos de alimentación, medicamentos, aparatos e instrumentos médicos, tecnología, sistemas de seguridad, infraestructura, logística, vacunación, entre otros rubros estratégicos. Es decir, de todo aquello sin lo cual el Estado simplemente no puede funcionar.
Ese modelo fue sustituido.
En su lugar emergió otro basado en la asignación directa y en la irrupción de actores sin trayectoria, sin estructura y sin capacidad técnica. Empresas creadas al vapor comenzaron a recibir contratos millonarios no por mérito, sino por cercanía personal, política o incluso familiar con quienes ejercían el poder.
Lo que se presentó como una transformación terminó siendo, en los hechos, una sustitución: de un sistema perfectible por otro marcado por la improvisación, el tráfico de influencias y la simulación empresarial.
Ocho años después, el resultado es inocultable.
El modelo fracasó.
Muchas de esas pseudoempresas no pudieron cumplir. Incumplieron contratos, retrasaron entregas, entregaron bienes de mala calidad, abandonaron obras o desaparecieron después de cobrar anticipos. Pero el problema no es solo económico o administrativo. Es mucho más profundo.
Cuando falla la proveeduría pública no falla un contrato. Falla una mastografía, una tomografía, un medicamento, una cámara de seguridad o un vehículo para combatir el delito. Falla la capacidad del Estado para cumplir su función más básica.
Por eso lo que hoy se observa no son casos aislados. Municipios, estados y dependencias públicas enfrentan las consecuencias de haber sustituido experiencia por improvisación.
Y, sin embargo, en medio de ese escenario, hay una señal distinta que merece atención. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado disposición de diálogo y colaboración con el sector empresarial. El cambio de tono no es menor: implica reconocer que ningún proyecto de gobierno puede sostenerse en la confrontación permanente con quienes generan inversión, infraestructura y empleo.
Hoy, las empresas que sí son empresas están siendo llamadas para rescatar contratos incumplidos y recomponer un sistema que dejó de funcionar.
Estamos ante una operación de rescate. Una que no debería existir, pero que se volvió inevitable. El problema es que el daño ya está hecho. No solo en dinero o en procesos, sino en algo más frágil: la confianza. La confianza en las instituciones, en las reglas y en la capacidad del Estado para cumplir. Porque al final, quienes pagan el costo de la improvisación no son los gobiernos ni quienes fallaron. Son los ciudadanos.
Y cuando el Estado improvisa, el costo no lo paga el poder. Lo paga la gente.
