El conflicto entre el gobierno de Nuevo León, específicamente la Secretaría de Medio Ambiente estatal, a cargo de Raúl Lozano Caballero, y la empresa Matrimar se ha convertido en un caso emblemático de abuso de poder. La compañía, propiedad de los hermanos José Santos e Ignacio Martínez Gutiérrez, denuncia una cadena de clausuras, inspecciones sorpresivas y presiones económicas que, lejos de responder a criterios técnicos, parecen formar parte de una estrategia de hostigamiento desde la administración del gobernador Samuel García. Lo que debería resolverse en el marco de la ley, hoy se libra en el terreno de la presión política.
De acuerdo con la empresa, las autoridades estatales han intentado imponer pagos en efectivo millonarios sin sustento legal, a fin de evitar inspecciones y han recurrido a operativos en horarios inusuales para clausurar sus instalaciones. Estas acciones se intensificaron después de que Matrimar se negara a realizar los pagos. El mensaje implícito es preocupante. En lugar de supervisar y sancionar conforme a derecho, el poder público estaría utilizando su capacidad de regulación como instrumento de coerción.
El argumento ambiental, aunque relevante, no puede convertirse en pretexto para la arbitrariedad. Matrimar sostiene que sus operaciones están auditadas y cuentan con los permisos necesarios, además de haber obtenido un amparo federal que le permitió reanudar actividades. Cuando los tribunales otorgan certeza jurídica y la autoridad insiste en obstaculizar, el problema deja de ser técnico y se convierte en un tema de respeto al estado de derecho.
Detrás del conflicto hay también un impacto social que no puede ignorarse. Más de 500 familias dependen directamente de la operación de la empresa, además de la actividad económica que genera en la región. Cada clausura injustificada no solo afecta a los dueños, sino a trabajadores, proveedores y comunidades enteras. Las decisiones administrativas tomadas desde el escritorio tienen consecuencias reales en la estabilidad laboral y el sustento de cientos de hogares.
Este no es un caso aislado de hostigamiento fiscal hacia el empresariado. A fines del año pasado, varios organismos como la Confederación de Cámaras Industriales y Coparmex pusieron el grito en el cielo y advirtieron que el aumento propuesto al ISR, planteado principalmente para financiar obras ligadas al Mundial 2026, ahuyentará la inversión, pues encarece los costos laborales y podría frenar el empleo formal.
El caso Matrimar plantea una pregunta de fondo sobre el rumbo del gobierno de Samuel García. Si las empresas que operan dentro de la legalidad enfrentan presión, incertidumbre y amenazas constantes, el mensaje para la inversión es devastador. Nuevo León ha sido históricamente un motor industrial del país. Convertir la regulación en un mecanismo de intimidación no solo debilita a una empresa, debilita la confianza en todo el estado.
Piden Auxilio ANPACT
La industria automotriz de vehículos pesados arrancó 2026 con el freno de mano puesto. Las cifras que presentó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que encabeza Rogelio Arzate, confirman que 2025 dejó cicatrices profundas, con un triple golpe en ventas, manufactura y envíos al exterior durante el primer mes de este año. La asociación lo atribuye a la cautela de las empresas transportistas y a la baja en pedidos de otras industrias, que han debilitado la demanda de estos bienes de capital que mueven mercancías e insumos en todo el país. Frente a este escenario, el mensaje hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es priorizar acciones estratégicas en atención a retos urgentes como renovar la flota antigua y contener la importación indiscriminada de vehículos usados “chatarra” desde EE.UU., entre otros, a fin de no perder el liderazgo mundial de una industria ejemplo de innovación e inversión.
Voz en Off
México refrendó su compromiso con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante la Quinta Reunión Plenaria celebrada en la Ciudad de México, consolidando su posicionamiento dentro de la arquitectura global de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, un elemento clave para la estabilidad del sistema financiero y la atracción de inversión. El alineamiento con estándares internacionales, la actualización de marcos regulatorios bajo un enfoque basado en riesgos y la promoción de esquemas proporcionales que favorezcan la inclusión financiera sin frenar la innovación fortalecen la certidumbre para intermediarios financieros, fintech, emisores y participantes del mercado de capitales. La agenda impulsada desde el GAFI también incide en la reputación soberana, el acceso a financiamiento internacional y la competitividad del sector financiero mexicano, en un entorno donde el cumplimiento regulatorio, la transparencia y la cooperación transfronteriza se han convertido en factores determinantes para el flujo de capitales y la integración económica….
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