1ER. TIEMPO: fractura irreversible. El 17 de agosto de 2022, desde la tribuna del Senado, Jaime Bonilla denunció a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de estar vinculada con el crimen organizado. Bonilla, que había sido su predecesor por un período efímero, la señaló tras una ola de violencia e incendios masivos de vehículos en Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito, adjudicados al Cártel Jalisco Nueva Generación, como respuesta a la gobernadora por supuestamente haber roto un pacto con esa organización criminal pocos meses después de haber asumido el poder. Desde entonces hubo un quiebre entre ellos que nunca se reparó, pero que el tiempo, cuando menos a partir del apretón que dio el gobierno de Donald Trump a los políticos mexicanos bajo sospecha de estar coludidos con el crimen organizado, como es el caso de Ávila, a quien junto con su exesposo, el empresario Carlos Torres, a quien incorporó a su gobierno, desde donde movía todos los hilos políticos y económicos de Baja California, les quitaron hace un año la visa para entrar a Estados Unidos, convirtiéndose ella en la primera gobernadora en funciones en la historia que había sido castigada de esa manera. Ávila se metió la semana pasada en un pantano del que no puede salir, cuando aparecieron en la prensa grabaciones donde, a cambio de resolver su problema de visa, la fachada para limpiar el expediente criminal que le abrieron en Estados Unidos, ofreció cooperar con el FBI y darles información, lo que en términos de la Ley de Seguridad Nacional, la convierte en una traidora. Dos días después de querer explicar que lo que había hecho no era lo que parecía que había hecho, decidió señalar a Bonilla de haberla embaucado. “Ilógico”, le respondió. ¿Cómo podría haber confiado Ávila en el senador que desde 2022 la ha acusado de ser una narcogobernadora? Ávila y Bonilla tuvieron una relación cercana hasta que asumió la gubernatura, cuando comenzó a barrer todo lo que había hecho su antecesor, abriéndole auditorías y procesos legales por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de funciones. La joya de la corona de su embestida fue un contrato millonario de la planta fotovoltaica de Nex Energy, que había puesto en disputa a dos de los principales consejeros del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Rompiendo con las reglas no escritas de Morena de no atacar a nadie del movimiento, Ávila desplazó a figuras muy cercanas de Bonilla y le quitó la fuente de poder político en Tijuana, como sucede en todas las grandes ciudades del país, la municipalización de los organismos del agua. Bonilla se vio obligado a salir de Morena e incorporarse al PT. Sus esfuerzos por mostrarle a López Obrador los lazos de Ávila y Torres con el crimen organizado fracasaron, y el expresidente nunca lo recibió. Acudió al fiscal Alejandro Gertz Manero y le entregó un expediente con los soportes a lo que denunció en el Senado, pero tampoco pasó nada. Cinco años después, desde Estados Unidos le llegó la justicia poética.
2DO. TIEMPO: Aquellos viejos amigos. Para cuando Jaime Bonilla conoció a Andrés Manuel López Obrador, ya era un empresario que manejaba medios de comunicación. El primero que dirigió fue el diario Baja California a mediados de los 90’s, y luego fundó una cadena de radio y televisión en Estados Unidos, la Pacific Spanish Network. Pero la cercanía se dio a través de su esposa, Rita Fimbres, que había forjado una amistad en la universidad con Beatriz Gutiérrez Müller, con quien López Obrador terminaría casándose. Gutiérrez Müller vio en el barón de medios un activo y lo llevó con el tabasqueño, con él estableció una amistad inmediata porque compartían su pasión por el beisbol. Bonilla lo conquistó: había dirigido a los Potros de Tijuana, un equipo en la Liga Mexicana del Pacífico, en los 80’s, y tenía un palco en la zona VIP del Petco Park, en el centro de San Diego, que es la casa de los Padres, el equipo de las Grandes Ligas, a donde lo invitaba con regularidad. López Obrador lo metió en la política y lo invitó a su Proyecto Alternativo de Nación, la placenta de Morena, donde fue escalando hasta convertirse en el primer gobernador de izquierda en Baja California, sacando en 2019 al PAN del poder. Francisco Kiko de la Vega fue el último gobernador panista en el estado, y tenía una fuerte estructura en Baja California que había ayudado a construir uno de sus principales operadores, Carlos Torres, que cuando se casó por primera vez, tuvo como padrinos de boda al entonces presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Torres se casó por segunda vez en 2019 con la entonces alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, y se fueron corriendo hacia Morena. El esposo de la hoy gobernadora apoyó en su campaña electoral a Bonilla –por lo cual el PAN lo expulsó–, quien una vez en el cargo, en noviembre de 2019, reorganizó las áreas de seguridad, y se deshizo de la estructura panista que se había incrustado por años en ese campo. Eso fue la génesis de lo que vendría en Baja California, con Tijuana como su microcosmos. Ese sacudimiento de Ávila y Torres, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno federal, alteró el statu quo prevaleciente, que se remontaba a la negociación de un sector de la familia de los hijos de los hermanos Arellano Félix y los remanentes del Cártel de Tijuana, con Rafael Caro Quintero, que para entonces estaba en el proceso de separación definitiva del Cártel de Sinaloa. Al término del mandato Bonilla, Ávila empezó a regresar a parte de la estructura de la que se sacudió su antecesor, que trajo consigo el deterioro en la seguridad y el incremento en los índices delictivos. Facilitó con sus políticas el reacomodo en las organizaciones criminales y se extendió la guerra entre ellas. En Tijuana y Ensenada fueron reducidos los herederos de los Arellano Félix y se convirtieron en plazas en disputa de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. En Mexicali, ante la debilidad en la organización de Caro Quintero, la franquicia de los hijos de los Arellano Félix se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para enfrentar al de Sinaloa. Fue cuando Bonilla estalló, la responsabilizó de haberse aliado al narcotráfico, y no dejó de golpearla hasta hoy en día.
3ER. TIEMPO: La gobernadora ya olía a gas. En Baja California, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió una metamorfosis: el cariño y apoyo que le tenía a Jaime Bonilla, se lo trasladó por completo a Marina del Pilar Ávila, una de las gobernadoras favoritas de los gobiernos de la 4T. Pero desde hace más de un año, su nombre ha sido recurrente en las reuniones de los enlaces en el tema de la seguridad de México y Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Los Rusos, una subsidiaria del Cártel de Sinaloa, que reflejaba también que las prioridades de la gobernadora, en esa línea de pensamiento, se habían mudado del Cártel Jalisco Nueva Generación. En esas conversaciones se habló varias veces que sería prudente que solicitara licencia. No lo hizo y le quitaron a ella y a su esposo Carlos Torres, sus visas, abriéndoles investigaciones por lavado de dinero. En las investigaciones la ubican con menos agravantes que Torres, pero aún así, presunta cómplice de delincuentes. En México no existe una investigación contra ella, a diferencia de Torres, que de acuerdo con una investigación de N+ Focus transmitida a finales de enero en el Canal de las Estrellas (el viejo 2), presuntamente era parte de una red implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. N+ Focus dio a conocer también una denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en junio de 2025, que señala que Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de facilitar la operación del grupo criminal de Los Rusos, de lo que los imputan en Estados Unidos. Esa carpeta de investigación señalaba a cuando menos 20 políticos y empresarios por los delitos de recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con la delincuencia organizada. Un reporte que le mostraron al gabinete de seguridad durante una reunión en Palacio Nacional el año pasado, mostró la penetración del crimen organizado en el gobierno de Ávila, donde adjudicaban al entonces fiscal, Ricardo Carpio, su amigo desde Mexicali, los problemas de la inseguridad por sus relaciones con miembros de los cárteles. Entre los que sobresalían estaba su operador Pablo Edwin Huerta, El Flaquito, que había sido uno de los lugartenientes dentro del Cártel de los Arellano Félix. Ávila, sin embargo, los promovió y mantuvo en el cargo hasta que le fue imposible. Carpio renunció en 2023, tiempo después de que dos de sus ministerios públicos fueron detenidos en California con drogas. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó y le envió mensajes para que “resolviera sus problemas”, con una sugerencia: que se divorciara de Torres. Así lo hizo para controlar los daños, pero no inmunizó a Ávila, que es una de las poco más de 100 políticas y políticos mexicanos a quienes la administración Donald Trump les canceló la visa. Le envió a Mario Delgado, el secretario de Educación que es muy cercano a ella, para informarle que los estadounidenses estaban sugiriendo que pidiera licencia. Tampoco lo hizo. En los últimos días volvió a estar en el horno político por presuntas responsabilidades criminales, con lo que aquella denuncia de Jaime Bonilla en 2022, sufrió una metástasis que se la está comiendo.
*Esta columna tomará unos días y reiniciará su publicación el 10 de agosto.
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