Este 19 de junio, el evento “La Justicia Fiscal. Asunto de Mujeres”, reunió a expertas de Argentina, Brasil, Chile y México para hablar del rol de las mujeres en la discusión e implementación de reformas fiscales progresivas en América Latina y el Caribe. Además de aspectos técnicos sobre impuestos y gasto público, se abordaron temas sociales y políticos que impulsan o desincentivan cambios fiscales justos.
Una de las preguntas que surgieron en el evento fue ¿cómo el sistema fiscal mexicano ha incorporado la perspectiva de género en la política fiscal? La respuesta fue que hay acciones muy puntuales y limitadas que se observan en el presupuesto, principalmente.
Por décadas, el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ha sido presentado como la piedra angular de la política pública para la igualdad de género en México. Bajo el título de “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, concentra los recursos para este fin.
Sin embargo, al analizar los programas y recursos del anexo, nos damos cuenta de que es una herramienta insuficiente, tanto por fallas en su diseño y ejecución, como por centrarse en un listado limitado de programas que deja de lado el análisis del resto del presupuesto que, aunque no esté etiquetado, también reproduce (o puede corregir) desigualdades estructurales.
El presupuesto público no es neutro al género. Cada decisión fiscal tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres, y en múltiples identidades que atraviesan el género: clase, raza, territorio, edad o discapacidad. La justicia fiscal feminista, como marco analítico y político, nos recuerda que poner la vida en el centro implica redistribuir recursos equitativamente, reconociendo el valor económico de tareas históricamente invisibilizadas como el trabajo de cuidados.
En este sentido, el Anexo 13 ha fracasado en ser un mecanismo transformador. Si se analiza desde atributos como inclusión, sostenibilidad o rendición de cuentas, es posible observar que varios de los programas del Anexo no cumplen con ellos desde la perspectiva de género, es decir, no cuentan con un diseño que identifique y ataque las brechas de género, aunado a que carece de indicadores que permitan darles seguimiento. Lo más grave es que los programas que sí tienen objetivos dirigidos a cerrar estas brechas, cuentan con presupuestos limitados y año con año presentan subejercicios.
Frente a este panorama, insistir en una visión focalizada del gasto de género es una estrategia limitada. Necesitamos una política fiscal feminista transversal que se incorpore en todas las etapas del ciclo presupuestario: desde el diseño hasta la evaluación. Esto implica reformular las reglas de operación de los programas, incluir indicadores de cierre de brechas, evaluar impactos diferenciados y asegurar que la voz de las mujeres —en especial de las más vulnerables — esté presente en la toma de decisiones.
También se requiere transparencia. No basta con publicar cuánto se asigna. Hay que saber a quién se beneficia, mediante cuáles mecanismos y con qué resultados. Y eso solo se logrará con metodologías públicas y auditables, con información desagregada y accesible.
Una política fiscal feminista no se reduce a etiquetar recursos, sino a transformar las estructuras de poder que reproducen desigualdades. Es hora de mirar más allá del Anexo 13 y de reconocer que la igualdad sustantiva no es un componente adicional sino un principio rector que debe guiar la política económica de este país.
