En el siglo XXI, varios gobiernos identificados con la izquierda han entendido que las políticas públicas modernas no se construyen desde la prohibición, sino desde la regulación, la libertad individual y la reducción de daños. El caso de Portugal es paradigmático: desde 2001, un gobierno de izquierda decidió despenalizar el consumo de todas las drogas, no para promoverlas, sino para abordarlas como un asunto de salud pública. El resultado fue contundente: menos muertes, menor criminalidad asociada y un Estado con mayor control, demostrando que la prohibición no es sinónimo de progreso social.
Algo similar ocurrió recientemente en Alemania, donde en 2024 un gobierno socialdemócrata impulsó la legalización y regulación del cannabis. La lógica fue clara: arrebatarle el mercado al crimen organizado, proteger a los consumidores y asumir que el Estado debe regular lo que ya existe, no fingir que desaparece por decreto. Estas experiencias confirman que, en otras latitudes, la izquierda moderna ha optado por políticas verdaderamente liberales, basadas en evidencia y no en impulsos morales.
En contraste, la decisión tomada hoy en México coloca inevitablemente a Morena en una posición ideológica que poco tiene que ver con esa izquierda contemporánea. La prohibición como eje de política pública responde a una lógica conservadora y de derecha: restrictiva, moralizante y profundamente desconfiada de la libertad individual. Mientras gobiernos progresistas avanzan hacia esquemas de regulación responsable, en México el oficialismo retoma un enfoque prohibitivo históricamente defendido por los sectores más conservadores.
A partir de hoy, México prohíbe oficialmente la venta de vapeadores, una medida que además rompe con la premisa de “prohibido prohibir” que en su momento defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que en el discurso se presentó como una política de libertades hoy se contradice con una prohibición frontal que ignora la experiencia histórica y sus consecuencias previsibles.
No hay duda de que esta decisión no eliminará el consumo, pero sí abrirá la puerta a un mercado negro de vapeadores. Tal como ocurrió durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos en la década de 1920, estas restricciones suelen generar mafias, redes de distribución ilegal y violencia. En México, esto implica un nuevo nicho de negocio para los grandes cárteles del crimen organizado, que podrán controlar la venta clandestina de estos productos.
En el plano internacional el contraste es evidente. Uruguay decidió en 2013 legalizar y regular el cannabis para arrebatarle el negocio al narcotráfico. México, en cambio, opta por prohibir productos que ni siquiera pertenecen a la misma categoría que las drogas ilegales.
Más aún, el caso de Panamá debería encender alertas. En 2022, ese país prohibió los vapeadores mediante la Ley 315. Dos años después, en 2024, la Corte Suprema panameña tuvo que revertir la prohibición al reconocer que había generado más daños que beneficios.
Lo que hoy se prohíbe en México no desaparecerá. Solo cambiará de manos: del comercio regulado al mercado clandestino. Y la historia demuestra que, cuando el Estado renuncia a regular y opta por prohibir, el vacío rara vez permanece vacío.
Lamentablemente, hemos pasado del “prohibido prohibir” a un escenario donde la prohibición no es solo relativa sino absoluta. El gobierno de una autodenominada izquierda en México ha tomado una decisión que resulta todo lo contrario a liberal. En lugar de abrir un debate amplio sobre cómo prevenir el daño que los vapeadores generan a millones de jóvenes y regularlo de manera sensata, esta prohibición absoluta ha dejado de lado esa discusión. Ahora, será el crimen organizado quien decida cómo se adquieren y distribuyen estos productos, poniendo especial atención en los menores de edad.
