En las democracias constitucionales modernas, las reformas electorales no pueden ser producto de la voluntad unilateral del poder. Deben surgir del consenso, del diálogo entre fuerzas políticas y del reconocimiento de que el sistema electoral es la columna vertebral de la legitimidad democrática. Cuando ese principio se rompe, lo que se reforma no es el sistema electoral: se erosiona la democracia misma.
La iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia electoral presentada en el Congreso mexicano nace precisamente de esa ruptura. No es una reforma fruto del consenso institucional ni del acuerdo plural, sino una propuesta que emerge de la divergencia, la imposición y una lógica política profundamente sectaria.
Y por ello, más que una reforma democrática, parece un despropósito.
México construyó su sistema electoral a lo largo de décadas de conflictos políticos y acuerdos graduales. Desde la reforma de 1977 hasta las transformaciones de 1996 y 2014, el país fue perfeccionando un modelo que buscaba resolver el problema central de la política mexicana: la desconfianza en las elecciones.
Cada reforma respondió a un principio fundamental: nadie debía reformar las reglas del juego sin la participación de quienes compiten en él.
Ese principio hoy parece haber sido abandonado.
Paradójicamente, la propia iniciativa reconoce que el sistema electoral mexicano ha sido resultado de procesos históricos que buscaban garantizar legitimidad institucional y equidad en la competencia política.
Sin embargo, pese a esa afirmación, el proyecto se aparta de la lógica de construcción plural que permitió consolidar la transición democrática mexicana.
El diagnóstico que sustenta la iniciativa no es técnico ni institucional, sino profundamente ideológico.
El documento sostiene que antes de 2018 México vivía una “simulación democrática”, caracterizada por burocracias electorales costosas, clientelismo político y desconfianza ciudadana.
Este planteamiento no es menor.
Desde el punto de vista académico, parte de una premisa problemática: deslegitimar el sistema electoral que permitió la alternancia política, incluido el triunfo del propio movimiento hoy en el poder.
El sistema electoral mexicano permitió la llegada al poder de todas las fuerzas políticas en distintos momentos: del PRI al PAN, del PAN al PRI y finalmente a Morena. Si ese sistema era una simulación, entonces también lo serían las victorias que legitimaron al propio gobierno actual.
La contradicción es evidente.
Uno de los rasgos más preocupantes de esta reforma es que busca modificar pilares constitucionales sin un acuerdo político amplio.
Las democracias maduras siguen una regla no escrita pero fundamental: las reglas electorales deben ser aceptadas por quienes compiten en el sistema.
Cuando una mayoría legislativa modifica unilateralmente el marco electoral, el resultado suele ser una erosión de la confianza institucional.
La historia comparada es clara.
En América Latina, reformas electorales impulsadas sin consenso han derivado en procesos de captura institucional o debilitamiento de los órganos electorales. Venezuela, Nicaragua o Bolivia son ejemplos de cómo las mayorías políticas pueden alterar gradualmente las reglas para consolidar su poder.
México, hasta ahora, había evitado ese camino.
La iniciativa incluye modificaciones relevantes a la arquitectura electoral mexicana. Entre ellas destacan cambios en el esquema de financiamiento público a partidos políticos, ajustes en la distribución de diputaciones de representación proporcional, nuevas reglas sobre propaganda y uso de tecnologías en procesos electorales e incorporación de mecanismos de democracia directa con efectos vinculantes.
Algunas de estas medidas podrían parecer razonables si se analizaran aisladamente. Pero en conjunto generan un rediseño del sistema político que puede alterar el equilibrio entre mayoría y minorías.
Por ejemplo, la reforma redefine la lógica de asignación de diputaciones plurinominales y reorganiza circunscripciones electorales para su distribución. En teoría, esto busca fortalecer la representación. En la práctica, podría tener efectos profundos en la relación entre voto y representación legislativa.
El problema no es solo el contenido de las reformas, sino la ausencia de deliberación pública suficiente sobre sus implicaciones.
La mayor debilidad de esta iniciativa no es técnica ni jurídica. Es política. Las reformas electorales exitosas en México —1977, 1996, 2014— fueron producto de amplios acuerdos entre gobierno, oposición, academia y sociedad civil.
La reforma actual, en cambio, surge en un contexto de confrontación política, donde la oposición la percibe como una imposición y no como un pacto democrático.
Las reglas del juego democrático no pueden diseñarse desde una sola trinchera ideológica. Porque cuando las reglas se imponen, dejan de ser reglas compartidas.
Y cuando eso ocurre, lo que se pone en riesgo no es una elección, sino la confianza misma en la democracia.
México necesita mejorar su sistema electoral. Ningún modelo institucional es perfecto. Pero las reformas que realmente fortalecen la democracia no nacen de la mayoría circunstancial de un gobierno, sino de acuerdos duraderos entre fuerzas políticas.
La democracia mexicana se construyó durante décadas con diálogo, reformas graduales y equilibrios institucionales. Deshacer ese legado mediante una reforma unilateral sería un error histórico. Porque las democracias pueden resistir malas decisiones de gobierno. Pero rara vez sobreviven a la manipulación de sus reglas electorales.
Y ese es precisamente el riesgo que hoy enfrenta México.
@jlcamachov
