¡Es hora de que la vergüenza cambie de bando!. La frase que originalmente le pertenece a Gisèle Halumi, y que desde 2024 ha viralizado Gisèle Pelicot, resume una de las lecciones más poderosas que ha dejado uno de los casos de violencia sexual más estremecedores de los últimos años.
Durante años, Pelicot fue violada por decenas de hombres (incluido su marido) mientras permanecía inconsciente. No fue un ataque aislado ni un agresor desconocido en una calle oscura. Fue su propio esposo quien la drogó sistemáticamente para permitir que otros hombres abusaran de ella mientras estaba inconsciente. Más de cincuenta agresores fueron identificados en el juicio celebrado en Aviñón. Ese caso estremeció a Francia y al mundo. Pero también nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda ¿qué tan preparada está una sociedad para mirar de frente la violencia sexual?
El crimen fue sin duda brutal, pero lo que realmente me quita el sueño y me impide pasar la página, es el perfil de los agresores: hombres comunes y corrientes. Padres de familia, trabajadores, vecinos. Personas perfectamente integradas en la vida cotidiana. La propia Gisèle señala que se trataba de hombres comunes capaces de realizar actos monstruosos, pero que no son monstruos, sino simplemente hombres.
Durante años se nos ha dicho que los agresores sexuales son monstruos aislados. Esa idea resulta cómoda, porque nos hace creer que la violencia sexual es una excepción.
Pero el caso Pelicot destruye esa ilusión. Nos obliga a mirar algo mucho más inquietante, la violencia sexual no es solo el resultado de individuos violentos; también es la expresión extrema de estructuras culturales profundamente arraigadas. Entre ellas, lo que conocemos como cultura de la violación: un entramado de creencias y prácticas que trivializan la violencia contra las mujeres.
Es la cultura que pregunta qué llevaba puesto la víctima.
La que cuestiona por qué estaba allí. La que cuestiona que salga sola, o de noche.
La que exige explicar por qué no se defendió.
En el caso Pelicot aparece además un elemento adicional, del que poco se habla y del que prácticamente nada se sabe, me refiero a la sedación química. Si acaso hemos escuchado en series de televisión o películas que existe algo que se llama la droga del violador, esa droga que incapacita a tal grado a las víctimas y las despoja del control de su cuerpo y borra su memoria. Este uso deliberado de sustancias para anular la voluntad de una persona revela una lógica terrible y muy añeja, la idea de que el cuerpo de una mujer puede ser apropiado, administrado o incluso entregado por otro.
A lo anterior se suma la complicidad del silencio. En el caso Pelicot, decenas de hombres comunes participaron en esa cadena de violencia sistemática. Nadie denunció. Nadie detuvo la maquinaria. Nadie dijo nada. El silencio les hizo también cómplices.
Por eso la decisión de Gisèle Pelicot de hablar públicamente resulta tan significativa. En una entrevista reciente en El País Semanal, la mujer de 73 años explicó que decidió renunciar al anonimato porque quería que la vergüenza cambiara de lugar. Su frase es devastadora por su claridad: “la sociedad no estaba preparada para un caso como el mío”.
Su testimonio no es solo el relato de un proceso judicial. Es la irrupción de una voz que desarma la complicidad social frente a la violencia sexual. La rutina doméstica convivía con una violencia extrema. El patriarcado, como tantas veces ocurre, estaba camuflado en lo cotidiano.
De esa experiencia emergen, en mi opinión, cuando menos tres poderosa lecciones.
La primera es la ruptura del silencio. Convertir una experiencia privada en denuncia pública es un acto de resistencia que desafía la lógica que históricamente ha buscado borrar la voz de las sobrevivientes.
La segunda es la reubicación de la vergüenza. Durante demasiado tiempo se ha exigido a las víctimas discreción, silencio y prudencia. Pelicot invierte esa lógica: la vergüenza pertenece a los agresores y a las instituciones que fallan en proteger a las mujeres.
La tercera es la reconstrucción de la vida. Pelicot ha escrito un libro titulado Un himno a la vida. La destrozaron por dentro y por fuera, y aun así convirtió esos pedazos en fuerza para seguir adelante. Vive con una nueva pareja, escribe sus memorias y reivindica su derecho a la felicidad. No quiere ser definida únicamente como víctima.
Toda mi admiración para ella.
Historias como esta también obligan a revisar nuestros marcos jurídicos. En México, recientemente se impulsó una reforma al Código Penal Federal que amplía la definición de abuso sexual y establece un principio fundamental: el consentimiento debe ser libre y explícito.
La norma añade algo igualmente importante: el silencio, la pasividad o la falta de resistencia jamás pueden interpretarse como consentimiento.
Puede parecer un mero ajuste técnico, pero es mucho más que eso.
Durante demasiado tiempo el derecho penal reprodujo prejuicios sociales que obligaban a las víctimas a demostrar resistencia para acreditar una agresión sexual. La nueva formulación desplaza el centro del debate, lo relevante ya no es cuánto luchó una mujer, sino si existió un consentimiento real.
Ese cambio normativo no resolverá por sí solo un problema estructural. Pero envía un mensaje claro y potente, la violencia sexual no puede seguir siendo tratada como una anomalía. Debe reconocerse como lo que es, una forma de dominación que exige transformaciones culturales, institucionales y jurídicas profundas.
Algo similar ha ocurrido en Francia. Casos devastadores como el de Gisèle Pelicot han provocado reformas legales y han abierto conversaciones urgentes sobre fenómenos como la sumisión química en el ámbito doméstico. Su hija, Caroline Darian, lo ha convertido en una causa pública a través del movimiento #MendorsPas, que busca visibilizar y combatir esta forma de violencia.
Las leyes cambian cuando las sociedades se atreven a mirar lo que durante demasiado tiempo prefirieron ignorar.
Y hay una verdad que estos casos vuelven imposible de eludir: el consentimiento no se presume, se expresa libremente; todo lo demás es violencia.
