México está en boca de todos, y esto no es solo por los hechos de violencia que siguen marcando la vida cotidiana en distintas regiones del país, sino por el momento político que atraviesa el Estado mexicano, a tres meses de que el país se convierta en sede de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
El Mundial de 2026 no es únicamente una fiesta del fútbol, es también una vitrina internacional; un escaparate económico, turístico y político que colocará a México bajo el escrutinio de millones de visitantes, inversionistas y organismos internacionales. Y es precisamente ahí donde comienza una tensión que pocas veces se reconoce con claridad: la que existe entre garantizar seguridad para la ciudadanía y proyectar estabilidad hacia el exterior.
Porque mientras el país se prepara para mostrarse al mundo como un destino confiable, moderno y seguro, amplios sectores de su población continúan enfrentando formas de violencia que no siempre aparecen en los titulares, pero que moldean profundamente la vida urbana: extorsión, control territorial informal, disputas por economías locales, inseguridad en el transporte público o en los espacios de comercio.
Es esta violencia menos espectacular, pero más cercana, menos visible en los grandes operativos, pero más presente en la rutina diaria; la que se calla con patrullajes. Pero, ¿qué tan eficaz ha resultado?, porque patrullar no sustituye a gobernar, así como vigilar no es lo mismo que regular.
Y esto adquiere especial relevancia cuando se observa que el mismo Estado que busca reducir los niveles de violencia en ciertos territorios es también el que necesita proyectar una imagen de estabilidad ante el mundo. La seguridad, en ese sentido, deja de ser únicamente un derecho para convertirse también en un activo reputacional.
El país que debe proteger a su ciudadanía es el mismo que necesita parecer seguro para el visitante extranjero; el que enfrenta conflictos territoriales internos es también el que busca atraer capital y turismo. Y esas dos agendas no parecen avanzar al mismo ritmo.
De cara a 2026, el desafío no será únicamente garantizar que los estadios funcionen, que los aeropuertos operen o que las rutas turísticas se mantengan transitables. El desafío será demostrar que la seguridad puede sostenerse más allá del evento; que no se trata de una medida temporal para cumplir con una vitrina internacional, sino de una condición permanente para quienes habitan el país todos los días.
Porque, al final, la verdadera prueba no estará en cómo nos vean desde fuera durante unas semanas, sino en cómo se vive desde dentro el resto del tiempo.
