En días recientes, las primeras planas de los principales medios de comunicación del país se llenaron de notas sobre la renovación del parque vehicular del Poder Judicial Federal. En particular, la atención se centró en la adquisición de nueve camionetas blindadas destinadas a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A partir de ello, el debate público se ha enfocado en intentar delimitar el contenido y los alcances del mandato de austeridad impulsado desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, primero por el presidente López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una parte importante del debate mediático ha optado por una lectura amplia y sin matices: la austeridad entendida como un manto total que debe cubrir cualquier decisión pública, sin importar su naturaleza, finalidad o contexto. Esta interpretación se apoya en el discurso reiterado del movimiento gobernante sobre la eliminación de privilegios y derroches, tanto en la esfera gubernamental como en la conducta personal de quienes ejercen cargos públicos.
Sin embargo, es indispensable distinguir entre dos planos distintos. La austeridad es, ante todo, un mandato de política pública: gastar menos y gastar mejor, eliminando excesos para redirigir recursos hacia la atención de las necesidades sociales. No equivale, ni nunca ha pretendido equivaler, a la construcción de un Estado mínimo. Por el contrario, la Cuarta Transformación ha defendido explícitamente un Estado social activo en áreas como salud, vivienda, seguridad y regulación estratégica de sectores clave.
Distinto es el mandato de la justa medianía. Este no es un principio presupuestal ni administrativo, sino un código moral asumido por quienes militan en el movimiento: la idea de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y de que el liderazgo político debe encarnar una vida sin ostentación. Se trata de una exigencia ética, no de una regla técnica de buen gobierno.
En las últimas semanas, este segundo mandato ha generado polémica por la creciente intromisión en la vida privada de servidores públicos. Es cierto que, al ejercer un cargo, el umbral de escrutinio se amplía; así lo ha sostenido la propia Suprema Corte. Pero salvo indicios de uso indebido o ilícito de recursos públicos, este tipo de señalamientos pertenece al terreno del juicio moral, no al de la legalidad ni al de la política pública.
El caso de las camionetas blindadas de la Suprema Corte es distinto. Aquí no estamos ante un debate sobre estilos de vida, sino frente a una decisión administrativa enmarcada en el mandato de austeridad gubernamental. Durante más de siete años, la instrucción ha sido clara: eliminar gastos innecesarios para redirigir recursos a quienes menos tienen. Ese discurso se sostiene y encuentra respaldo en los datos: más de 12 millones de personas han salido de la pobreza desde 2018.
El problema aparece cuando la austeridad entra en tensión con otro bien público esencial: la seguridad de quienes imparten justicia. Aunque los indicadores de seguridad muestran avances, el riesgo que representa el crimen organizado para juezas y jueces sigue siendo una realidad que no puede ignorarse.
Conviene subrayar algunos elementos. Primero, la centralización de las compras del Poder Judicial en el Órgano de Administración Judicial permite mejores condiciones de negociación y eficiencia en el gasto. Segundo, nadie ha cuestionado seriamente la necesidad de brindar protección a personas juzgadoras que, por el tipo de asuntos que conocen o la región donde operan, enfrentan riesgos reales. La controversia parece concentrarse exclusivamente en las ministras y ministros de la Corte.
Esto plantea una pregunta inevitable: ¿qué distingue a las y los ministros del resto de las personas juzgadoras que sí requieren medidas de seguridad? ¿Puede sostenerse que quienes integran el máximo tribunal del país no enfrentan riesgos derivados de las decisiones que adoptan?
Responder exige volver a la distinción inicial. El cuestionamiento a estas medidas no se está haciendo desde un análisis técnico de austeridad ni desde criterios de buena administración pública. Se está formulando, más bien, desde un juicio moral que traslada al Poder Judicial exigencias éticas propias de una militancia política que no le corresponde.
Más allá de decisiones puntuales, el caso plantea una pregunta de mayor calado: cómo construir una política de austeridad que conviva con la protección de funciones estratégicas del Estado. Resolver esa tensión con criterio, sin estridencias y con información, será clave para fortalecer tanto la legitimidad del gobierno como la confianza en nuestras instituciones.
