La inseguridad en el territorio nacional, las tensiones en materia de aranceles, la próxima revisión del T-MEC; el crimen organizado transnacional —considerado como terrorismo por los vecinos del norte y que genera formas de persecución más allá de sus fronteras—, la emergencia sanitaria que ocasiona la presencia del gusano barrenador, impacta en el sector ganadero y representa una amenaza para la salud de la población, y nuestra dependencia externa para satisfacer la demanda de gas natural y de alimentos, son algunas de las amenazas y riesgos que hoy en día enfrentamos, que debilitan la vida de la nación y, por tanto, son temas de seguridad nacional.
La seguridad nacional constituye uno de los elementos estratégicos del Estado mexicano, cuyo diseño legal parte de la cooperación institucional y de la participación de los Poderes que la integran. Es por ello que la ley en la materia, promulgada en 2005, tuvo como finalidad establecer un marco jurídico integral que permitiera al Estado mexicano identificar, prevenir y atender amenazas, tanto internas como externas, que pusieran en riesgo la soberanía nacional, la integridad territorial, la estabilidad institucional y el orden constitucional.
A su vez, la soberanía debe ser entendida como la capacidad que tiene el Estado mexicano para crear las condiciones que permitan enfrentar las amenazas y retos que se tienen como nación. En esta tarea, el Programa para la Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos son los principales instrumentos para identificar las prioridades y expresar la visión de gobierno, los objetivos y la ruta estratégica a seguir, siendo responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional elaborarlos y presentarlos ante el Congreso de la Unión, porque la seguridad de México no puede construirse al margen de la representación popular.
No obstante lo anterior, en los gobiernos de la 4T la soberanía y la seguridad nacional solo forman parte de su discurso ideológico y de su narrativa diaria, porque durante ya más de siete años han sido omisos en generar el Programa de Seguridad Nacional y la Agenda anual de Riesgos. Sumado a ello, la omisión del Congreso para instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional constituye un acto de irresponsabilidad de la mayoría legislativa de Morena y un reflejo de que el oficialismo no entiende que la Seguridad Nacional no puede reducirse a una agenda partidista y autoritaria, sino que es una función estratégica del Estado mexicano que debe ser realizada con una amplia deliberación pública que incluya a todas las fuerzas políticas.
La seguridad nacional no puede ser manejada con opacidad ni conducida con improvisaciones o sin una visión integral de los acontecimientos internos y externos. Por ello, a más de veinte años de su expedición, el cumplimiento de las responsabilidades que la ley vigente impone debe ser una exigencia y, frente a las circunstancias actuales, es prioritario que el Legislativo revise y actualice el marco jurídico, porque sin directriz visible, evaluable y sujeta al escrutinio democrático, no podremos aspirar a tener un México fuerte y con capacidad de gobierno para cumplir con su principal obligación: garantizar la soberanía del país y el bienestar de los mexicanos.
Frente a los enormes problemas que vive México, tenemos una secta de inexpertos que juegan a conducir un país con libretos elaborados por un inadaptado que se dedica a elaborar caricaturas y otro cuya ocupación es filmar bodrios a costa del erario público
Texto elaborado con la participación de Miguel Ángel Sulub Camal.
