En toda democracia sana, la oposición cumple un papel fundamental: cuestionar, fiscalizar y ofrecer alternativas al gobierno en turno. Sin embargo, en el México actual, el oficialismo ha convertido esa función en un blanco sistemático de ataques, buscando no solo desacreditar, sino intimidar y presionar a quienes se atreven a disentir. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón que se repite con preocupante frecuencia.
Un ejemplo emblemático es el del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha sido objeto de una campaña de hostigamiento orquestada desde las esferas del poder. A lo largo de los últimos años, ha enfrentado señalamientos fabricados y acusaciones sin sustento que, en su mayoría, han sido desestimadas por el propio Poder Judicial, confirmando que la intención detrás de ellas era más política que jurídica. La justicia, al darle la razón, ha impedido que la calumnia prospere; no obstante, el oficialismo insiste en reactivar el aparato persecutorio, creando nuevas imputaciones y amenazando con el desafuero como herramienta de presión.
Este tipo de embates no solo pretenden minar la credibilidad de un dirigente opositor, sino enviar un mensaje aleccionador a todo aquel que se atreva a cuestionar al régimen: “calla, o pagarás el precio”. Sin embargo, Alejandro Moreno ha optado por la vía contraria. Lejos de doblegarse, ha utilizado los cauces institucionales para evidenciar las relaciones de complicidad que vinculan al gobierno con la delincuencia organizada y para denunciar la cancelación sistemática de derechos y libertades que antes garantizaban la pluralidad democrática en el país.
El problema de fondo es que esta dinámica erosiona los pilares mismos del Estado de derecho. Cuando el gobierno usa sus facultades no para aplicar la ley de manera imparcial, sino para atacar a sus opositores, no se fortalece la justicia, sino el autoritarismo. Y cuando el miedo se convierte en política pública, lo que se pierde es la confianza ciudadana en que la disidencia puede ejercerse sin represalias.
La verdadera fortaleza de un sistema democrático se mide en su capacidad de tolerar y respetar la oposición, incluso cuando es incómoda. El oficialismo haría bien en recordar que la legitimidad no se impone a través del amedrentamiento, sino que se gana en el terreno de las ideas, el diálogo y el cumplimiento de la ley.
@jlcamachov
