El nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal general de la República genera más dudas que certezas.
El Senado la ratificó con 97 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, frente a 19 en contra y 11 nulos. Primera mujer en el cargo desde 2019, Godoy —exfiscal de la CDMX de 2018 a 2024 y senadora morenista— asumió tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el 27 de noviembre.
En su comparecencia, Godoy prometió “no fabricar culpables ni perseguir adversarios”, pero “tampoco permitir impunidad”. En la red X, enfatizó combatir la corrupción “de manera coordinada, profesional y sin tregua”, reconociendo que “una fiscalía sola está destinada al fracaso”. Firmó un decálogo de Movimiento Ciudadano para erradicar la impunidad y eliminar el “uso faccioso” de la justicia, firma que le aseguraróel voto de esa fracción.
Al ser cuestionada por “carpetazos” en casos de huachicol fiscal —que involucran desvíos de hasta 600 mil millones de pesos en Pemex y redes con presuntos lazos a Morena—, negó con un gesto y respondió: “Vamos a trabajar”. Estos compromisos suenan firmes, pero chocan con críticas opositoras: PAN y PRI denuncian un “proceso simulado” para blindar aliados, citando el huachicol fiscal y vínculos de Morena con el crimen organizado.
La FGR hereda expedientes sensibles, como Segalmex —desvío de 15 mil millones de pesos en compras de granos a empresas fantasma, con adjudicaciones directas por 797 millones a firmas ligadas a operadores morenistas— o el “Cártel Inmobiliario” en la CDMX, donde Godoy investigó corrupción en Benito Juárez (bastión panista), pero admitió réplicas en alcaldías de Morena. Otro ejemplo: las retenciones salariales en Texcoco entre 2013 y 2015, que sumaron 12.8 millones de pesos desviados ilegalmente a campañas de Morena, sancionadas por el INE con 4.5 millones. Estos casos ilustran que la corrupción no es exclusiva de la oposición: en programas como Sembrando Vida o el Tren Maya, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 61 mil millones en Sedena y 52 mil en Semar, con contratos directos por 676 mil millones en 2023, lo que eleva los riesgos de opacidad.
Fuera de Morena, persisten delitos graves: la Estafa Maestra (desvíos por 7 mil millones vía universidades) o Ayotzinapa, estancados. Pero dentro del partido Morena, en el que milita Ernestina Godoy, “La Barredora” —grupo criminal en Tabasco ligado a extorsión y robo de combustible— no debería pasar desapercibida: su exlíder, Hernán Bermúdez, fue secretario de Seguridad de Adán Augusto López coordinador morenista en el Senado, detenido en 2025 por nexos con ese grupo criminal. Godoy, que operó en la CDMX con Omar García Harfuch, podría coordinar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para desmantelarla, probando su imparcialidad.
La verdadera prueba vendrá en acciones, no en palabras. Si Godoy usa la FGR como “barredora” selectiva —limpiando rivales pero encubriendo aliados—, profundizará la desconfianza en una institución ya de por sí cuestionada por irregularidades en transferencias federales sin justificar. México necesita justicia universal: perseguir el huachicol fiscal, Segalmex o “La Barredora” con el mismo rigor que a opositores. Solo así su decálogo pasará de promesa a realidad, fortaleciendo el Estado de derecho más allá de colores partidistas. La ciudadanía vigilará: ¿autonomía o sumisión? El reloj corre.
