Esta y otras frases han podido observarse en las multitudinarias manifestaciones que en esta semana se han realizado en Argentina. Se trata de una serie de protestas derivadas de la situación tan complicada que, desde el punto de vista de su financiamiento, viven las instituciones de educación superior públicas argentinas.
Entre la larga lista de ajustes que el gobierno del presidente Milei realizó desde su llegada a finales del año 2023, se encontraron los relacionados con las universidades públicas y todo lo que depende de ellas, por ejemplo, hospitales. De acuerdo con datos oficiales, los recortes presupuestales llevados a cabo hasta el momento han redundado en decrementos cercanos al 50%, lo que evidentemente ha puesto en profundos aprietos financieros a grandes universidades como son la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de Córdoba.
Diversas universidades y organizaciones como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se han convertido en jugadores protagónicos en lo relacionado con el cumplimiento, por parte del gobierno, de aquello que establece la “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente” conocida comúnmente como “Ley de Financiamiento Universitario” o “Ley 27.795”.
Cabe recordar que durante prácticamente los años 2024 y 2025, el gobierno argentino ejerció el gasto público sin contar con un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, derivando esto en un margen de discrecionalidad para el uso de los recursos públicos excepcional que claramente se alejó mucho del diseño tendiente a un sistema de pesos y contrapesos característico de las repúblicas democráticas. Desde luego, esa discrecionalidad conllevó una reducción en el presupuesto para diversas áreas del gobierno, siendo las universidades públicas algunas de las principales afectadas y, con ello, la sociedad se convirtió en una víctima de la obsesión por el superávit fiscal del presidente Milei, mismo que también fue su principal argumento para de facto buscar elegir qué leyes aprobadas por el Congreso aplicar y cuáles no.
Derivado de lo anterior, universidades y organizaciones han luchado de manera incansable primero en el Congreso Nacional y después en los tribunales, primero por la aprobación y luego por el irrestricto cumplimiento de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, misma con la que se busca garantizar una transferencia mínima de recursos por parte del gobierno a las universidades. Por supuesto, la administración del presidente Milei durante los años 2024 a 2026, ha echado mano de los mecanismos constitucionales, legales, administrativos y otros fuera de estos ámbitos para evitar aplicar lo señalado por esta norma. Por ello, a la “Marcha Federal Universitaria” del 12 de mayo del año en curso, la antecedieron otras 3 manifestaciones denominadas de la misma manera y realizadas en los meses de abril y octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Hoy en día, la crisis financiera de las universidades argentinas es una realidad y estas reclaman que a mas de 200 días de aprobada la Ley de Financiamiento Universitario, ésta no es cumplida a cabalidad por parte del gobierno.
A la crisis económica de Argentina, se debe sumar la crisis de sus universidades y de su democracia, lo cual está generando en aquel país las condiciones necesarias para comprometer el futuro de las generaciones presentes y el de las que están por venir, pues de seguir presionando a las únicas instituciones que pueden garantizar la ansiada movilidad social, se está presionando a la sociedad argentina misma.
Sin universidad pública no hay futuro.
