La Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa, creada por la Secretaría de Gobernación desde el 2020 para “fomentar la cultura de la paz entre los actores religiosos” no ha servido de mucho. Y es que casos como el de Coamila, en el municipio de Huejutla, Hidalgo, y el de Lalana en Oaxaca, dan como resultado la violación de derechos humanos de grupos religiosos minoritarios, con la anuencia de las autoridades.
En Coamila, desde el 2018, un grupo de católicos agredió de manera permanente a comunidades evangélicas, con la autoridad de los munícipes y con el conocimiento de los gobernadores. En aquel año, el delegado local, Diego Hernández Solano, impidió que un recién nacido fuera sepultado en el panteón, porque sus padres eran cristianos.
Este mismo personaje obstaculizó la entrada de 16 niños a la primaria porque sus progenitores, de la Iglesia Interdenominacional, no habían cubierto las cuotas para las festividades católicas. Desde entonces los protestantes han sufrido expulsiones, vejaciones, abusos de autoridad, amenazas, robos y la destrucción de sus parcelas.
El conflicto en Coamila continúa: más de 100 hidalguenses que decidieron huir, por la amenaza de muerte que pesa sobre ellos al no querer cambiar de religión, los obligó a refugiarse en la cabecera municipal de Huejutla desde abril del año pasado, y hoy han tenido que marcharse a Veracruz, ante la incompetencia del munícipe y el desinterés del gobernador, Julio Menchaca Salazar.
Quienes crearon esa Estrategia comentan que hay funcionarios “estatales y municipales especializados en asuntos indígenas, así como las comisiones de derechos humanos que son elementos idóneos para la solución de estos conflictos”, lo cual es una falsedad, pues menos del 10% de los responsables de las oficinas de asuntos religiosos en los estados no cubren el perfil profesional que la problemática demanda.
Mientras, en San Juan Lalana, Oaxaca, un municipio gobernado por usos y costumbres, donde la Constitución queda en segundo término para fines de la protección de derechos humanos, el año pasado fue quemado un templo evangélico y 12 familias expulsadas por el hecho de no pertenecer a la religión mayoritaria, también con el aval de autoridades locales y federales.
Finalmente, los evangélicos de San Juan Lalana, así como de otros 5 municipios oaxaqueños, deben sufrir la violación de sus garantías por habitar en una comunidad que, como indica la Ley de Asociaciones Religiosas, en casos de intolerancia religiosa “se privilegiará la vía del diálogo y la conciliación entre las partes, procurando siempre el respeto a los usos y costumbres comunitarios”.
Ya hay algunas propuestas por parte de ministros de culto y especialistas en materia religiosa para evitar que se sigan privilegiando los (ab)usos y costumbres antes que los derechos consagrados en la Carta Magna y que se castigue la ineptitud de quienes deben dar solución a la imposición de un credo.
PALABRA DE HONOR: Donald Trump creó, mediante una orden ejecutiva, la Comisión de Libertad Religiosa.
