1ER. TIEMPO: El número uno de la lista. Todavía ahora, el senador Adán Augusto López Hernández tiene las credenciales de ser el operador político más confiable del obradorismo, como lo demostró recientemente al articular la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. El hombre que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador apagaba fuegos, cerraba acuerdos imposibles y sostenía con alfileres una gobernabilidad cada vez más precaria, acumuló un enorme capital político que hoy, sin embargo, enfrenta una amenaza que no proviene de Palacio Nacional, donde se encuentran sus enemigos más acérrimos, sino de un lugar mucho más incómodo: Washington. Desde hace meses, todos los diplomáticos de alto nivel que han hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum o con su gabinete de seguridad, mencionan su nombre recurrentemente preguntando cuándo se acabará su impunidad. En México y Estados Unidos hay investigaciones que lo señalan como probable responsable de delitos penales. Aquí, apalancado por López Obrador, el senador ha vencido a todos, incluida la presidenta, que has ahora no ha podido siquiera que su partido lo releve de la coordinación en el Senado. Ocho semanas aguantó López Hernández la metralla política y mediática, no solo por él, que tuvo el templea pàra resistir, sino por López Obrador, que está convencido de que si cae Adán Augusto, el siguiente es él. Su problema, claro, no está en México, sino en el norte. Cuando Estados Unidos coloca a un actor político bajo sospecha, el efecto inmediato es el aislamiento silencioso. No hay comunicados, no hay ruedas de prensa, no hay procesos judiciales visibles. Hay, simplemente, puertas que dejan de abrirse. El antecedente pesa. En la última década, varios políticos mexicanos descubrieron que el verdadero poder sancionador no está en los tribunales nacionales, sino en las agencias policiales y de inteligencia estadounidenses. Una investigación aun sin concluir, puede convertir a cualquier figura en un paria político, financiero y diplomático. Y en el caso de Adán Augusto, lo que inquieta en Washington no es ideológico, sino estructural: su paso por Gobernación lo colocó en el centro de la política de seguridad interior, de la relación con los gobernadores y, por extensión, de los equilibrios con actores legales e ilegales. Estados Unidos no acostumbra equivocarse cuando selecciona a sus “personajes de interés”. Puede exagerar, puede politizar, pero rara vez actúa a ciegas. Cuando un nombre entra en ese radar, es porque existe información dura, no necesariamente suficiente para judicializar, pero sí para condicionar. El problema para el obradorismo es que Adán Augusto no es un cuadro menor. Es una de las bisagras del sistema. Golpearlo, o simplemente cercarlo, equivale a golpear el corazón de la arquitectura política que construyó López Obrador. De ahí el nerviosismo que se percibe en Palacio Nacional y la protección que aún no simpatizando con él, la presidenta siente que debe dársela. No es él quien está en riesgo; es el movimiento, el proyecto de López Obrador que ella ha abrazado, política e ideológicamente. Para Adán Augusto, el mayor riesgo no es ir a prisión, sino convertirse en un político funcionalmente inutilizable, y si Estados Unidos decide profundizar, el mensaje al sistema político mexicano será devastador: el obradorismo ya no es intocable.
2DO. TIEMPO: Recortando pérdidas. Nadie de mayor jerarquía en el régimen ha sido señalada por Estados Unidos como una persona vinculada con el crimen organizado. Pero como el senador Adán Augusto López Hernández, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sigue de pie. Cuando se reveló que le habìan quitado la visa a ella y a su esposo, un operador político y empresario, en mayo del año pasado, la gobernadora quería renunciar, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó que no lo hiciera y que aguantara. Ávila se sostuvo y en octubre anunció que había iniciado el proceso de divorcio. Empezarba un control de daños, pero no le está alcanzando. Gobierna Baja California con una paradoja encima: encabeza uno de los estados más estratégicos para la relación con Estados Unidos, pero su relación política con Washington lleva casi 10 meses viviendo en la incertidumbre. No la han acusado formalmente. No hay acusaciones públicas, ni expedientes judiciales visibles. Pero hay algo más eficaz: señales. Cancelaciones de reuniones. Distancia diplomática. Mensajes indirectos que en el lenguaje de Estados Unidos significan una sola cosa: desconfianza. En Washington, Marina del Pilar dejó de ser vista como una gobernadora más y comenzó a ser observada como un riesgo potencial. No ideológico. No partidista. Operativo. Baja California es, para Estados Unidos, una pieza de seguridad nacional. Puertos, garitas, rutas de tráfico, presencia histórica de cárteles y un flujo comercial que supera los 80 mil millones de dólares anuales. Cualquier autoridad estatal que gobierne ese territorio sin credibilidad ante las agencias estadounidenses se convierte automáticamente en un problema. El origen del choque no está en un discurso, sino en una acumulación de reportes. Inteligencia, no declaraciones. Información financiera, no opiniones. Estados Unidos no acostumbra confrontar a gobernadores mexicanos por la vía pública; prefiere construir expedientes silenciosos que sirven para presionar cuando es necesario. El patrón es conocido. Primero, la gobernadora deja de ser invitada a ciertos foros binacionales. Después, su círculo cercano comienza a enfrentar obstáculos migratorios o financieros. Finalmente, aparecen filtraciones quirúrgicas en medios que Washington considera confiables. Nada ocurre por casualidad. El mayor problema para Marina del Pilar no es lo que hoy se sabe, sino lo que Estados Unidos podría saber. Gobernar un estado clave estratégico para Estados Unidos no la hace indispensable. La relación bilateral atraviesa un momento de alta tensión por las creciejtes presiones del presidente Donald Trump, donde el antecoro muestra las imágenes repetidas de la invertención en Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro. Si Estados Unidos decide cerrar el cerco, Marina del Pilar enfrentará un escenario devastador: aislamiento internacional, deterioro financiero y una erosión acelerada de su autoridad interna. Ha podido sobrevivir políticamente a la percepción de estar en la mira de Washington, porque Sheinbaum la cubre y López Obrador la apalanca. Pero si proceden en Washington contra ella, el golpe no sería sólo personal, sino que impactaría directo a la narrativa del obradorismo en la frontera. El proyecto que prometió pacificación y control territorial exhibido como incapaz de generar confianza en el principal socio comercial del país. Por eso el silencio. Por eso la negación implícita. Por eso el muro invisible. Ávila gobierna hoy con una sombra que proviene del lugar donde se decide, sin estridencias, quién es confiable y quién ya no. Y cuando Estados Unidos deja de confiar, el margen de maniobra se reduce a casi nada.
3ER. TIEMPO: ¿Hace cuánto vive horas extra? El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó marcado desde el 10 de agosto de 2024, cuando en una carta publicada en las redes sociales, Ismael “El Mayo” Zambada, que durante casi tres décadas fue el jefe del Cártel de Sinaloa, lo identificó como un político vinculado a criminales. Hombre de confianza y enlace político con la maña, el expresidente Andrés Manuel López Obrador nunca dejó de respaldarlo e impidió, aun después de dejar el poder, que Rocha Moya dejara el gobierno. El tiempo se ha ido agotando y la realidad se empieza a asomar. El verdadero territorio donde se juega su futuro político nunca fue Culiacán ni la Ciudad de México. Está en Washington. No hay una acusación formal. No hay una investigación anunciada. Ahí no hay una orden de captura. Hay algo peor, un creciente desinterés de Estados Unidos en fingir normalidad con su administración. En la lógica estadounidense, Sinaloa no es un estado más. Es el epicentro histórico del narcotráfico mexicano, el símbolo que conecta producción, trasiego y violencia. Para cualquier agencia de inteligencia y policial estadounidense, el gobernador de Sinaloa es, por definición, un actor estratégico. Y cuando ese actor comienza a generar dudas, el foco se enciende. La preocupación no es retórica. Reportes de inteligencia, seguimiento de su familia, mapeo de sus redes criminales, el tipo de información que rara vez llegaría a un juzgado mexicano cuando está en marcha un encubrimiento político, en Estados Unidos basta para clasificar a alguien como “riesgo”. Rocha Moya llegó al poder impulsado por López Obrador, con la promesa de la pacificación y atención a las causas. Lo lograron, no por eficientes, sino como se vio, por el acuerdo de gobernabilidad con “El Mayo” Zambada. Pero cuando lo capturaron los estadounidenses en un operativo secreto en Culiacán, se selló el fin de la Pax Narca. La violencia se fragmentó, se reacomodó y se hizo más impredecible. Hubo una evidente de pérdida de control y la guerra criminal que se vive desde hace dos veranos. Rocha Moya es el mejor ejemplo de lo que Washington se queja regularmente con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la diferencia entre complicidad y permisividad es mínima. Cuando Estados Unidos deja de confiar, aplica un manual probado. Reduce interlocución. Evita fotos. Congela canales. Y, si lo considera necesario, activa sanciones selectivas que no requieren sentencia judicial: cancelación de visas, bloqueos financieros, advertencias a bancos y empresas. Nada de esto se anuncia. Se ejecuta. Para Rocha Moya, el mayor riesgo no es un proceso penal, sino el aislamiento que está viviendo y la incertidumbre sobre en qué momento un comando llega a Culiacán por él, o se convierte en una estadística más en su tierra. Su problema se extiende a Palacio Nacional, porque Sinaloa es el emblema más incómodo de la narrativa oficial. Cada crisis de violencia, cada enfrentamiento, cada captura o fuga, golpea directamente al discurso presidencial, porque cada vez se lo dicen desde Washington con mayor frecuencia, el modelo de seguridad mexicano no genera confianza. Por eso el silencio desde el centro. No hay respaldo entusiasta. No hay defensa encendida. Hay cálculo. Rocha Moya gobierna con una espada invisible sobre la cabeza. No la blande la oposición, ni los medios, ni siquiera la Fiscalía General. La sostiene Estados Unidos. Y cuando Washington sostiene una espada, casi nunca es para exhibirla. Es para usarla cuando lo considera conveniente.
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