Para México, la reciente demostración de fuerza letal por parte del gobierno de Trump contra una presunta narcolancha venezolana y el asesinato de sus 11 tripulantes en el mar del Caribe sienta un peligroso precedente. El gobierno de Claudia Sheinbaum no se ha posicionado públicamente ante el grave hecho que, según han amenazado Donald Trump y miembros de su gabinete, puede ser solo el inicio de una embestida militar masiva contra los carteles. Pete Hegseth, secretario del recién rebautizado “Departamento de Guerra”, declaró a la cadena Fox que, si Trump decide proseguir con más operaciones antinarcóticos, el Pentágono está “preparado con todo los activos de los que disponen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”.
Pese a que el tema dominó la rueda de prensa conjunta con Marco Rubio durante su visita el 3 de agosto, Juan Ramón de la Fuente se escabulló de responder con evasivas principistas. Sheinbaum tampoco se pronunció bajo la excusa de que un ataque así en territorio mexicano “nunca se ha planteado”. En Washington no sorprendió el silencio. Las amenazas arancelarias y presiones militaristas de Trump han reducido el campo de maniobra política de Sheinbaum, dando la impresión de tenerle más miedo a Trump que a los carteles. “Hacer algún tipo de mención o alusión directa durante la visita de Rubio hubiera quedado bastante fuera de lugar. Fue meramente estratégico no hacerlo. No creo que a la presidenta Sheinbaum le interesa agitar este asunto”, me dijo José Luis Ramírez, analista internacional y exasesor del secretario general de la OEA.
Interceptar y abordar embarcaciones dudosas en alta mar, incautar narcóticos y detener tripulaciones para emprender acciones legales posteriores, es misión de la Guardia Costera, agencia bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Interna autorizada para usar fuerza letal, pero solo en legítima defensa. Las ejecuciones sumarias de civiles sospechosos de traficar drogas por parte del ejército o de otras dependencias, no tienen precedente.
Más allá del dramático video de la fulminación de la lancha divulgado por la Casa Blanca, el Pentágono no ha dado a conocer la información de inteligencia en la que basó el operativo, su afirmación de que los objetivos eran “narcoterroristas” venezolanos, el tipo de explosivo usado o las identidades de los asesinados, lo que ha llevado a legisladores demócratas y republicanos a cuestionar la base legal para el uso de fuerza letal. El congresista demócrata por Illinois Jesús García “condenó enérgicamente” la agresión tachándola de “imprudente, mortal e ilegal”. En su cuenta de X señaló que el Congreso no la autorizó, que no se respetó el debido proceso y que fue un “ataque extrajudicial” que constituye un peligroso abuso de poder. La semana pasada, el Pentágono canceló abruptamente una sesión informativa sobre el tema para los principales comités de seguridad nacional del Congreso después de que reconoció que no podía proporcionar respuestas satisfactorias a las preguntas previstas.
La legalidad del uso excesivo de fuerza fuera de un conflicto armado también fue cuestionada por medios y ONG. El influyente columnista David French de The New York Times advirtió contra el riesgo de permitir que Trump “expanda la definición de guerra” para justificar ejecutar a sospechoso de criminales sin el debido proceso. “Es cierto que el gobierno tiene la autoridad para designar a entidades extranjeras como organizaciones terroristas… pero la ley pertinente que le permite realizar dicha designación no incluye una autorización para el uso de la fuerza militar”. Por su parte, en un comunicado del 4 de octubre, la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), señaló que “la proporcionalidad en el uso de la fuerza es un principio fundamental del derecho internacional. La mera sospecha de transportar drogas… en aguas internacionales, no es un delito que conlleve una pena de muerte, y mucho menos una ejecución sumaria”. Según WOLA el uso de fuerza letal contra sospechosos de cometer un delito “viola la letra y el espíritu de más de un siglo de estándares internacionales y las propias regulaciones de Estados Unidos”.
Pero Sheinbaum prefirió subestimar las graves implicaciones que puedan tener para el futuro de la cooperación con Estados Unidos, especialmente si se confirma que el gobierno de Trump actuó al margen del derecho internacional. La presidenta no tuvo el valor de asumir una postura crítica, una muestra más de la política exterior timorata de contención permanente hacia Estados Unidos.
@DoliaEstevez
