“El primer paso hacia la justicia es saber dónde acudir”
En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Dra. Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, presentó el 21 de enero su informe inaugural. Este balance pormenoriza los primeros cuatro meses de una gestión enfocada en velar por el desempeño de las personas juzgadoras, garantizando que la rectitud sea la norma en su actuar y sentando las bases para restablecer la confianza de la sociedad en el sistema de justicia mexicano.
La consolidación de este organismo responde a una exigencia histórica de justicia que fue validada en las urnas el pasado 2 de junio. A través del Poder Reformador, ese mandato ciudadano se tradujo en la reciente reforma constitucional que otorgó a este órgano la tarea crítica de romper con la opacidad. Pese a las voces que intentaron etiquetar a la institución como un ente inquisidor, y frente a los desafíos propios de su arranque —como la transición normativa y la limitación presupuestal—, los hechos demuestran avances contundentes.
Ante la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte, la magistrada Maya fue enfática respecto al respeto a la cosa juzgada: el propósito del Tribunal no es modificar sentencias, sino examinar con rigor si el proceso se apegó a la normativa y al debido proceso. En caso de detectarse una desviación, el fallo permanece inalterable, pero se sanciona al responsable de la mala práctica judicial bajo criterios de tipicidad. Con esta precisión, la presidenta dejó claro que el escrutinio se centrará en el actuar del juzgador y el cumplimiento de sus atribuciones legales.
El despliegue operativo del Tribunal ya arroja cifras sustantivas: tras heredar 620 recursos del extinto Consejo de la Judicatura, de la Corte y del Tribunal Electoral, el órgano agilizó su productividad. En apenas 21 sesiones —entre ordinarias y extraordinarias—, el Pleno ha resuelto 195 asuntos, marcando un ritmo institucional que busca abatir el rezago y dinamizar la justicia.
La magistrada Celia Maya hizo un reconocimiento a la agilidad administrativa de la Secretaría General de Acuerdos, columna vertebral de la operatividad del Tribunal. En apenas cuatro meses, esta área procesó la cifra histórica de 6 mil 991 acuerdos, un volumen que no solo demuestra eficiencia operativa, sino que cumple con la promesa de acortar los tiempos de atención y transformar la burocracia en una estructura de respuesta inmediata.
El informe reveló una estadística trascendente: en este periodo se recibieron 2 mil 168 quejas y denuncias, lo que representa un promedio de 27.1 asuntos diarios. Esta cifra duplica el volumen mensual de actividad del extinto Consejo de la Judicatura, un incremento que la magistrada interpretó como un signo inequívoco de confianza: la ciudadanía se está apropiando del nuevo modelo de justicia. Al ser un Poder Judicial abierto al pueblo, la sociedad finalmente encuentra un canal real para exigir integridad en la judicatura.
En el ámbito de la evaluación del desempeño judicial, el informe destacó una transición hacia la prevención y la calidad técnica. Durante ese cuatrimestre, se procesaron 945 informes circunstanciados remitidos por órganos jurisdiccionales de todo el país, de los cuales se derivaron 295 análisis técnicos para detectar patrones de conducta y nuevas prácticas. Asimismo, se atendieron más de 400 consultas formuladas por personas juzgadoras respecto a los criterios de evaluación; un interés que demuestra el compromiso de los integrantes de la judicatura con la consolidación de este modelo.
En el rubro de atención ciudadana, el informe reveló datos que trascienden las cifras: de las solicitudes recibidas, destaca que un 80% de los usuarios agradecieron el acompañamiento brindado. Este indicador refleja una nueva mística de servicio basada en la empatía y la resolución.
La magistrada Maya destacó un cambio de paradigma en el criterio de competencia: las quejas contra personal de poderes locales u órganos ajenos —antes desechadas automáticamente—, ahora reciben una atención efectiva. En lugar de cerrar las puertas al ciudadano, estos casos se remiten formalmente a la autoridad competente, garantizando que ninguna denuncia quede en el vacío y asegurando el derecho de la sociedad a ser escuchada.
Los resultados presentados no deben interpretarse como cifras abstractas, sino a través del prisma de la justicia social plasmada en nuestra Constitución. Este concepto exige que el Estado garantice igualdad de oportunidades, atendiendo las realidades complejas de cada mexicana y mexicano. A tan solo 120 días de su creación, el Tribunal de Disciplina avanza con determinación para materializar esta visión, asegurando que la integridad de las y los juzgadores sea la base de un sistema jurídico diseñado por y para el pueblo.
