Después del paso del huracán Trump por las montañas de Davos, en Suiza, durante la cumbre del World Economic Forum 2026,los comentarios que han sobrevenido giran mucho alrededor del mismo punto: las amenazas a la paz y al orden jurídico que vinculan a las naciones que forman parte del Tratado del Atlántico Norte afectan a la estabilidad y, con ello, al desarrollo y al futuro de Europa y el mundo entero.
Los comentarios ponen en evidencia un principio cierto y esencial: el capital, ingrediente imprescindible para la realización de actividades económicas generadoras de empleo y bienestar, exige terminantemente la existencia de reglas claras, la observancia puntual del derecho, y la estabilidad en la asunción de políticas del gobierno, que debe convivir en armonía con la sociedad a la que se debe.
Cuando la ley se incumple por parte de la autoridad, de manera activa o pasiva, ya sea por incumplirla o por abstenerse de hacerla cumplir, la señal que se envía al inversionista provoca incertidumbre e inseguridad; y si ese es el escenario, fundamentalmente caprichoso, la decisión que el inversionista toma es inequívoca: se aleja de ese mercado y busca otro destino, seguro.
A lo largo de las últimas tres décadas, el país ha venido construyendo con trabajo y disciplina una narrativa, un prestigio, que proviene de la ordenada conducción del gobierno y sus acciones. Esa convicción compartida por los partidos que hoy el régimen denomina “conservadores”, dio lugar a la firma de una cuarentena de tratados de cooperación internacional con otros países.
Por el temor de que en México existiera un cambio brusco de gobierno, que condujera a una turbulencia ideológica que pudiera dar a su vez una modificación drástica de las reglas de gobierno, el desarrollo nacional se mantuvo siempre en márgenes mediocres; muy inferiores de aquellos que siempre se desearon y eran esperables para la dimensión del esfuerzo emprendido.
Durante todo el sexenio pasado y lo que ha corrido del presente, desde que el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto fue abandonado por supuesta votación popular, las ideas que mantuvieron vivo ese temor se convirtieron en realidad. Las reglas de funcionamiento y operación de nuestra economía y el gobierno cambiaron drásticamente. Nuestra frágil democracia trasciende hacia los terrenos del autoritarismo.
Es verdad que llegó algo de capital de consideración que ha servido para construir una retórica favorecedora a los intereses del régimen, pero nadie olvida que tal capital arribó como parte de una relocalización que, simplemente, no cuajó: ya nadie habla del nearshoring. En el fondo, los índices de inversión han disminuido, y lo han hecho drásticamente si se toma en cuenta, además, el capital nacional que emigró.
Es en ese tenor que merece la pena destacar la grave afectación que le provoca al país la tantas veces criticada Reforma Judicial. La expulsión de ministros y su nombramiento por elección no tiene parangón, y el resultado se está dejando ver nítidamente. El resultado se puede anticipar sin temor a equivocación alguna. La falta de oficio en el ejercicio de la administración de justicia provoca inestabilidad e inseguridad, que afectarán el desarrollo de México.
La discusión que tuvo lugar el pasado 19 de enero en la SCJN refleja la gravedad sobre lo que en materia de estabilidad jurídica e impartición de justicia sucede en México: ante la decisión tan inamovible como injustificada de la ministra Batres para modificar una parte del proyecto con la que el resto de sus compañeros no estuvo de acuerdo, prosiguió la incapacidad del presidente Aguilar para imponer lo que, en el devenir de un órgano colegiado, debe ser la decisión incuestionable de su presidente.
La reforma judicial ha provocado que la justicia se decida de improviso y sin experiencia, de contentillo y sin razón. A pesar de la intervención que tuvo la ministra Esquivel para evidenciar lo que significa una decisión colegiada, venció la fuerza del capricho y la pasividad de quien gozaba con la competencia y autoridad para imponer la ley y las formas que rigen la función del máximo tribunal.
En ese inusual laberinto de innovadores planteamientos quedaremos colocados los abogados en el futuro, cuando debamos luchar, en lo sucesivo, por la firmeza de la cosa juzgada, por la supremacía de la ley y la determinación de la verdad legal una vez colmada la intervención de los órganos superiores de impartición de justicia para resolver un conflicto.
Cuántos juzgadores de carrera eligieron esa actividad por el honor y el prestigio mismo de ser reconocidos por la sociedad, como hombres o mujeres cultos en el derecho, sabedores de la jurisprudencia y de la ley. Cuántos vivieron temerosos de incurrir en esa falta disciplinaria que contempla la Ley Orgánica del PJF, que impone culpa a todo juzgador que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dicte una sentencia o resolución contraria a la letra de la Constitución, la ley o la jurisprudencia. ¿Qué pensarán ahora?
La imposición del capricho que atestiguamos el lunes pasado abre un frente vulnerable en el terreno de la cosa juzgada, sí; sin embargo, asesta un golpe irremediable contra el prestigio, el buen nombre, el honor y la dignidad con la que el Poder Judicial de la Federación ha sido apreciado a lo largo de los siglos.
