¿Prohibir no es lo mismo que erradicar? Vapeadores, mercado negro y la simulación a plena luz del día
El 16 de enero entró en vigor en México el decreto que prohíbe la producción, importación, venta, distribución, publicidad y promoción de vapeadores y dispositivos que calientan o vaporizan sustancias, con o sin nicotina.
La Reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca según el propio gobierno, proteger la salud pública, especialmente la de niñas, niños y adolescentes. El objetivo es legítimo, la ejecución, en cambio, representa importantes retos que a la vez fomentan la expansión del mercado negro.
Las cifras oficiales explican la urgencia. Adolescentes entre los 10–19 años, han incrementado el uso de cigarros electrónicos y vapeadores. Son millones de personas expuestas a aerosoles con nicotina, metales pesados y solventes, sin aval sanitario. La COFEPRIS ha sido clara: ningún vapeador cuenta con autorización sanitaria en México y su promoción ha sido particularmente agresiva entre jóvenes, con sabores, dispositivos discretos y marketing digital.
Pero el problema no empieza ni termina con la demanda. ¿De dónde surge el vapeo y por qué se usa? Nació como “alternativa” al tabaco combustible, impulsada por la industria china con una narrativa de reducción de daños que no ha sido validada por autoridades sanitarias mexicanas. En la práctica, el vapeo normaliza la adicción.
Los vapeadores nos exponen a sustancias tóxicas y cancerígenas, afectan la salud mental, generan ansiedad y depresión que pueden provocar hasta disfunción sexual, dañando incluso a terceros por vapeo pasivo, representando riesgos físicos, quemaduras y lesiones. La evidencia internacional y las advertencias de salud pública coinciden.
El decreto endurece sanciones: penas de 1 a 8 años de prisión y multas que van de poco más de 11 mil hasta 226 mil pesos. La única excepción es el consumo personal sin fines comerciales.
En papel, el mensaje es contundente. En la calle, la escena contradice la norma: ventana abierta, puestos improvisados y transacciones a plena luz del día, incluso en zonas de alta vigilancia, en hospitales, en bares, en las calles y hasta las afueras de San Lázaro, incluso a legisladores de Morena se les ve en restaurantes y reuniones privadas, así como desde el pleno donde se votó a favor de eliminar el vaping, y qué decir del centro de la capital del país, el barrio chino y un largo etc… La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿quién controla, quién inspecciona y quién sanciona?
La experiencia mexicana enseña que prohibir sin una estrategia integral suele encarecer el producto, profesionalizar al contrabando y desplazar la venta a redes informales.
El riesgo es evidente: fortalecimiento del mercado negro desde las aduanas, productos más caros e insalubres, sin controles y con uso de mezclas adulteradas circulando entre adolescentes.
La salud pública no mejora cuando el Estado cede la cancha al mercado ilegal.Si el gobierno quiere que el decreto funcione, necesita cuatro cosas inmediatas:
- Inspección real y visible (aduanas, tianguis, plataformas digitales).
- Persecución financiera a las cadenas de importación ilegal.
- Prevención y tratamiento: campañas basadas en evidencia y acceso a cesación de nicotina para jóvenes y adultos.
- Los legisladores que aprobaron la iniciativa deberían al menos, predicar con el ejemplo.
La prohibición es apenas un punto de partida, no una victoria. Mientras los vapeadores sigan vendiéndose a plena luz del día, sin consecuencias reales, el decreto corre el riesgo de convertirse en letra muerta. La salud pública no se protege solo con leyes, sino con su cumplimiento efectivo. Hoy, los vapes se comercializan todos los días, incluso en los alrededores de Palacio Nacional, exhibiendo la distancia entre el discurso y la realidad.
@KARENTORRES.MX
