George Orwell, en su novela “1984”, imaginó un Estado que no necesitaba quemar todos los libros, solo bastaba con controlar el significado de las palabras, vigilar la información y decidir qué era verdad. Setenta años después, México debería tener cuidado de no convertir aquella distopía en el manual de gobierno.
La implementación de la llamada “Ley de Derechos de las Audiencias” parte de una premisa legítima, proteger a quienes reciben información de radio y televisión. Pero el problema aparece cuando el Estado pretende supervisar el cumplimiento de conceptos vagos como pluralidad, veracidad o diligencia noticiosa.
La CRT sostiene que no se trata de censura; sin embargo, el artículo 53 le otorga facultades de supervisión sobre concesionarios y defensores de audiencias.
¿Entonces qué le decimos al CRT cuando desde tribuna le piden al pueblo no ver -ciertos canales- o no escuchar algunas estaciones de radio o no leer noticias de varios medios o “cancelar” a las y los comunicadores que no gustan al gobierno? ¿Así se protege a las audiencias?
La censura moderna no necesariamente llega con un supervisor que -palomea- los titulares o decide que se publica y que no. Llega a través de multas, procedimientos, criterios ambiguos y el miedo de un periodista a incomodar a una autoridad. Otro gran riesgo es que ahora antes de investigar, publicar o cuestionar al poder, un medio o un periodista tiene que preguntarse si el gobierno no se “ofenderá”.
Esta nueva “autocensura” es un paso hacia el Ministerio de la Verdad de Orwell: no prohibir que pensemos, sino conseguir que tengamos miedo de pensar en voz alta.
Así, proteger a las audiencias es democrático …convertir al gobierno en árbitro de la verdad no lo es.
