Grandes empresarios, analistas y el gobierno federal aplaudieron la reforma laboral que prohíbe la subcontratación de trabajadores. Sin embargo, lanzará a la calle a medio millón de personas, generará un impacto en las cuotas obrero-patronales al IMSS de 3.0 millones de trabajadores, y restará puntos para aprovechar las oportunidades de inversión por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
La gran reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador sólo es la punta del iceberg de un problema que genera miles de millones de dólares y una evasión tributaria del mismo tamaño.
Con poco menos de 5.0 millones de trabajadores subcontratados, México ocupa la cuarta posición mundial.
Si bien la subcontratación es un problema mayúsculo, sucumbe ante tamaño de la informalidad con sus 30.5 millones. Es una relación de un trabajador tercerizado (subcontratado) por cada 6.5 informales.
Los trabajadores que carecen de seguridad social por su trabajo en México equivalen a la población conjunta de 56 países, como Bahamas, Barbados, Belice, Groenlandia, Islas Caimán, Luxemburgo y Trinidad y Tobago.
Los datos más actuales del Inegi (de 2018) muestran que la informalidad generó 22.5% del PIB nacional, es decir poco más de 275 mil millones de dólares. Ese monto equivale al PIB de 52 países juntos, según la base de datos del Banco Mundial.
A marzo, la informalidad laboral en México fue de 57 trabajadores de cada 100 en la economía. A nivel mundial, la subcontratación medida por los ingresos generados por las empresas de administración de capital humano representaron 1.5%, según el Economic Report 2021, del World Employment Confederation. En el país, considerando esa información fue de casi 9.0 de cada 100 trabajadores.
Golpe al imss
El financieramente deficitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo del político Zoé Robledo, será una de los primeras víctimas de la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso para prohibir una forma de la subcontratación.
“Hay 4.6 millones de personas bajo el esquema de subcontratación. Con la reforma, el 10% de esos trabajadores no serán recontratados bajo ningún esquema laboral, son 450 mil personas. Otro 70% podría ser recontratado bajo honorarios o alguna situación parecida, porque algunas empresas no pueden con la carga fiscal. De ese 70%, son tres millones de personas que ya no van a aportar sus cuotas obrera-patronales al IMSS”, detalló la catedrática y directora general de la empresa especializada en recursos humanos ID Hunt, Adriana Martínez.
A marzo, el sector formal de la economía tuvo a 23.24 millones de trabajadores, de ellos 20.20 millones están registrados ante el IMSS. Un recorte de tres millones en el instituto llevaría el número de trabajadores al nivel reportado entre 2014 y 2015.
En el primer bimestre del año, el IMSS mantuvo sus números rojos con 52 mil 514 millones de pesos, 35% más que el balance operativo negativo del mismo lapso de 2020. Ese descalabro resultó de ingresos por 65 mil 45 millones de pesos y gastos por 117 mil 559 millones de pesos.
Para Andrew Richard Grepe, socio del despacho GLZ Abogados, la reforma laboral “a quiénes le pegará es a las empresas que están en la formalidad. Por ejemplo, si una empresa paga 10 pesos de impuestos, ahora pagará 30 pesos. Ante eso, dirán: me voy a la informalidad”.
La postura del litigante y de otros especialistas consultados por ejecentral difieren de la del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.
“Recuerdo cuando aumentamos los salarios, pues siempre saldrá alguien a decir: No, esto va a provocar desempleo tremendo y va a haber millones de personas. Cuando movimos las pensiones, lo mismo; cuando se habló de la Ley Federal del Trabajo, lo mismo”, dijo Salazar al presidente en la conferencia de López Obrador del viernes 23 de abril en el Palacio Nacional.
La reforma involucra siete leyes como la Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional).
El problema del empleo. Los datos del Inegi de 2018 muestran que la informalidad generó 22.5% del PIB nacional.
Informalidad, el flagelo
“Uno de los mayores retos que tenemos como país es ver cómo sacamos la informalidad. Es uno de los grandes temas que tenemos en el país y es algo que se tiene que dialogar y llevar ese diálogo social entre el gobierno federal, los organismos sindicales y el empresariado, para analizar las formas y las fórmulas de apoyos que se requieren del gobierno para incentivar la formalidad en México”, adelantó el presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Lorenzo Roel.
A marzo, por cada empleado con protección social por su trabajo, hubo hasta 1.3 trabajadores que carecen de esa prestación.
“La informalidad económica está recargando los sistemas públicos como el de salud”, señaló la Líder de Compensación Total en la consultora internacional Mercer, Melissa Mata.
Datos oficiales confirman la gravedad señalada por Mata. En marzo, 33.4 millones de trabajadores carecían de un sistema de salud por su condición laboral. Ese número significó 62 de cada 100 trabajadores activos o 26 de cada 100 habitantes en toda la población mexicana.
Para el expresidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano Amech, Edmundo Escobar, el gobierno debe crear esquemas para que las empresas informales migren a la formalidad, para lo cual se debe mostrar los beneficios que se tienen de serlo. De lo contrario en el futuro habrá un mayor impacto en las finanzas públicas.
“La seguridad social (en la informalidad), a la larga le cuesta más al estado. Dentro de 10 o 15 años la gente se jubilará ¿Y quién va a pagar esas pensiones? Como no trabajaron en la formalidad entonces, estarán recibiendo los beneficios de regalos que el gobierno está dando” a través de sus programas sociales, añadió.
Un punto a considerar por Escobar, exrepresentante de la World Employment Confederation (WEC) ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es que a los millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema hay que considerar además a los más de 30 millones de trabajadores informales.
“Todos debemos contribuir con el fisco para que el país crezca”, sostuvo Edmundo Escobar.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en nuestro pais fue de 16.5% en 2019, cifra por debajo del 22.9% del promedio de América Latina y el Caribe. Además fue menos de la mitad del 33.8% promedio de los países miembros de dicha organización.
Con ese porcentaje se tiene la quinta menor posición por recaudación. Eso se explica por el tamaño de la informalidad, son más de 275 mil millones de dólares del PIB mexicano. Ese monto es similar a economías como Rumania, República Checa o Portugal.
En nuestro país desbanca a la Ciudad de México a la segunda posición. En un comparativo en América Latina, la informalidad mexicana es equivalente a la economía de Perú o 3 veces el PIB de Ecuador o Puerto Rico; 4 veces el tamaño de Guatemala, Panamá o Costa Rica; 5 veces a Uruguay, 7 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia, 10 veces el PIB de El Salvador y 11 veces la economía de Honduras.
Dadas las dimensiones, los especialistas coinciden en que el gobierno debe ahora llevarlos a la formalidad. “Debe haber una regulación en el sentido de que el gobierno registre todos los negocios de la informalidad”, comentó Grepe y agregó el interés de proteger al trabajador, en un juicio, pues aunque gane se pierde, porque en esas empresas no tiene dónde cobrar la indemnización.
Colaterales
En la guerra comercial de las dos mayores economías del mundo, nuestro país está restringiendo la llegada de empresas que busquen hacer más eficiente la cadena de suministro para atender el mercado estadounidense provenientes de China por la eliminación de la subcontratación. Además, esto podría generar algunas demandas en paneles internacionales.
Derivado de las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), algunas empresas buscarán una indemnización por la afectación a sus intereses, comentó Contreras el exvicepresidente de la Confederación Latinoamericana de Empleo (WEC América Latina), pero precisó que serán pocos casos.
“Esto nos hace menos competitivos” para que México consolide el liderazgo como el mayor exportador a Estados Unidos.
Pero el mayor riesgo de todo es que el gobierno erró la estrategia ante la pandemia, ya que de “apoyar a las empresas, están apretando y apretando y afectando al sector formal. Tratando de exprimirlo al máximo”, en un momento que “los efectos de la pandemia en los negocios apenas se están empezando a brotar.
Vamos a enfrentar un periodo de varios meses en el que las empresas van a estar quebrando. Entonces va a haber una pérdida adicional de empleo, advirtió el exvicepresidente de la WEC.